El Gobierno da pie atrás y evalúa aplicar restricción de circulación sólo a motocicletas antiguas a partir del 2017. Autoridades advierten que estufas a leña estarán absolutamente prohibidas en toda la capital con el nuevo plan de descontaminación.

Más del 70% de la población es partidaria de la restricción a vehículos catalíticos y de la prohibición del uso de estufas a leña durante los meses de invierno. Sin embargo, un alto porcentaje rechaza la restricción a las motocicletas, según se desprende del proceso de consulta pública a la que fue sometido durante dos meses el ante proyecto del plan de descontaminación de Santiago.

El ministro de Medioambiente, Pablo Badenier, explicó que están evaluando aplicar una restricción especial a las motos antiguas, antes del año 2017, para que no puedan circular al interior del anillo de Américo Vespucio durante estos cuatro meses. Además, anunció que están elaborando una norma que regule el ingreso y comercialización de motocicletas nuevas en el país.

Una apertura que fue valorada desde la industria. Cristián Reitzer, vicepresidente de la asociación de importadores de motocicletas de Chile, ANIM, aseguró que son partidarios de que se impongan restricciones a las motos más antiguas y que se regule el ingreso de los nuevos vehículos.

El nuevo plan de descontaminación contemplará además la prohibición total al uso de leña en Santiago. El subsecretario del medio ambiente, Marcelo Mena, aseguró que las estufas de este tipo tienen una fecha de vencimiento y que incluso, el 90% de ellas ya se encuentran prohibidas.

La Intendencia de Santiago informó que se encuentra elaborando una aplicación para celulares que permitirá efectuar denuncias sobre los hogares que utilizan leña como método de calefacción.

Luis Mariano Rendón, coordinador del movimiento acción ecológica, criticó la restricción permanente a catalíticos que comenzará a regir con el nuevo plan.

El plazo para la elaboración definitiva del plan de descontaminación es el 16 de septiembre próximo. Luego debe pasar por la aprobación del Consejo de Ministro para la Sustentabilidad, y finalmente ser aprobado por la Contraloría.