La bancada de diputados del Partido Socialista notificó a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, que no entregarán más su respaldo como bancada al control preventivo de identidad.

En medio de un tenso almuerzo, el PS comunicó su decisión, que marca un vuelco en la posición de los parlamentarios, que sí aprobaron la iniciativa en su primer trámite en la Cámara.

En la reunión, además, solicitaron que las cuestionadas leyes de la agenda corta antidelincuencia, como el control preventivo y la “ley mordaza”, que regula filtraciones desde la fiscalía, sean tratados en el comité político del lunes.

Al respecto, la ministra de Justicia se limitó a destacar el apoyo “transversal” de la Nueva Mayoría a solucionar los problemas de seguridad ciudadana, sin entrar en el detalle de la cuestionada agenda antidelincuencia.

En tanto, el diputado PS Juan Luis Castro, reafirmó que “no hay votos ni piso para respaldar el control preventivo en las condiciones que está. Vulnera los derechos de las personas y se aparta del objetivo de disminuir inicialmente el robo, hurto y receptación”.

Sobre la “ley mordaza”, Castro reiteró que “el temor instalado a partir de esta ley” impediría un adecuado ejercicio de la prensa, pese a los cambios aprobados en el Senado.

El diputado PS, Daniel Melo, consideró que el proyecto impulsado por Michelle Bachelet es “es innecesario, discriminatorio y, en los hechos, derivará en detenciones arbitrarias”.

Asimismo, postuló que “(en el Congreso) debiéramos estar dando una discusión que enfrente las causas del delito como son la pobreza, la exclusión y la discriminación, así como de mecanismos reales y efectivas de reinserción y rehabilitación social”.

La situación para el gobierno se complica más aún, considerando que el PS no es el único partido de la Nueva Mayoría que ha presentado reparos al control preventivo de identidad.

Desde la Democracia Cristiana, el diputado Ricardo Rincón dijo compartir las “críticas y preocupaciones que han surgido desde diversas esferas académicas, sociales e incluso internacionales, sobre los riesgos de aprobar un control preventivo que incluye la posibilidad de solicitar información a los menores de 18 años”.

Rincón, hermano de la ministra del Trabajo, fustigó también la “ley mordaza” y la agenda corta antidelincuencia en general, señalando que se transformó en una “agenda miscelánea” donde se intentó “pasar gato por liebre”.