El presidente venezolano, Nicolás Maduro, activará este martes una “comisión de la verdad” -con participación de Unasur-, en contrapartida de una amnistía para opositores presos aprobada por la mayoría opositora en el Parlamento y declarada inconstitucional este lunes.
Maduro dijo que convocó incluso a la oposición, que según él delegó a cuatro representantes, aunque no aclaró si formarán parte de la comisión o sólo asistirán al acto en que será instalada.
“He convocado también a una delegación de cuatro voceros, que me han dicho por distintas vías de comunicación ha designado la oposición venezolana, y yo los convoco, y si asisten como yo quiero que asistan serán recibidos con mi mano, con un abrazo respetuoso”, afirmó el mandatario socialista en un acto público.
Durante un mitin que conmemoró el golpe de Estado que sacó brevemente del poder a Hugo Chávez en 2002, Maduro añadió que también invitó a premios Nobel a sumarse a la comisión, en cuyo establecimiento estará presente el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper.
Será “una comisión plural, diversa, equilibrada, justa, de todo el país”, sostuvo el gobernante, indicando que representantes de otros poderes del Estado se integrarán a los trabajos que serán coordinados por el vicepresidente, Aristóbulo Istúriz.
Maduro no ha detallado los propósitos de la “comisión por la verdad y la justicia”, que planteó en contrapartida de una ley de amnistía aprobada el 29 de marzo por la mayoría opositora en la Asamblea para liberar a por lo menos 76 de sus dirigentes presos.
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La norma fue declarada ilegal este lunes por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como pidió el presidente el pasado jueves.
El mandatario rechazaba la ley por considerar que dejaría impunes violaciones de derechos humanos y “crearía las condiciones para una violencia generalizada”.
“El objetivo central es la verdad, el reconocimiento y la reparación de la víctima, la garantía de la no repetición, ni de golpes de Estado, ni de ‘guarimbas’ (desórdenes públicos)”, afirmó el jefe de Estado, sin precisar si a cambio de ello los procesados obtendrían un perdón judicial.
Al proponer esa iniciativa en enero pasado, Maduro la comparó con los mecanismos legales adoptados en Colombia para la reinserción de combatientes irregulares, que lograron la libertad tras purgar penas máximas de ocho años de cárcel a cambio de confesar sus crímenes y comprometerse a reparar a las víctimas.
Varias de las personas que apuntaba a beneficiar la amnistía están imputadas por hechos ocurridos en el marco de protestas contra Maduro que dejaron 43 muertos entre febrero y mayo de 2014.
El más reconocido de esos acusados es el líder radical Leopoldo López, sentenciado a casi 14 años de cárcel acusado de incitar a la violencia durante las manifestaciones.
