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Gobierno se desliga de la “otra ley mordaza”: “No está dentro del proyecto del Ejecutivo”

Agencia UNO
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Senadores y diputados independientes hicieron un llamado a la Cámara a rechazar el Control Preventivo de Identidad y advirtieron que acudirán al Tribunal Constitucional si se aprueba la norma incluida en la Agenda Corta Antidelincuencia. El senador Alejandro Guillier aseguró, además, que la precisión realizada en el Senado a la norma que sanciona las filtraciones en las investigaciones judiciales es insuficiente.

A días de que se vote en su tercer trámite constitucional la Agenda Corta Antidelincuencia, y con ello el Control Preventivo de Identidad y restricción a filtraciones en investigaciones judiciales, las críticas a una de las reformas más importantes para el Ejecutivo se incrementaron.

Y es que, según los parlamentarios independientes, la iniciativa del gobierno es derechamente inconstitucional. Así lo aseguró el diputado independiente Vlado Mirosevic, quien sostuvo que si se llegara a aprobar, se recurriría al TC.

El control preventivo de identidad es uno de los puntos que genera más división dentro del oficialismo. Sus detractores insisten en que la norma viola derechos fundamentales y que es innecesaria.

La apreciación es compartida por el abogado penalista Mauricio Daza, quien sostuvo que el control preventivo de identidad no es inconstitucional en los términos que existe hoy, y que “le permite a cualquier policía efectuar un control cuando hay un indicio de que a partir de esa medida se podrá avanzar en el esclarecimiento de un delito”.

Quienes respaldan el punto, como el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, reiteraron la importancia de ponerse del lado de la ciudadanía. “El Gobierno ha tomado mayor consciencia en cuanto a garantizar la seguridad de las personas”, agregó.

Los parlamentarios también advirtieron que la precisión hecha a la norma, que sanciona filtraciones de investigaciones, no es suficiente porque limita el acceso del periodista a la fuente.

Además, criticaron la supuesta “otra ley mordaza”, una legislación que castigaría con duras penas a quienes filtren información de investigaciones de delitos terroristas, incluida la prensa.

De esta propuesta se desligó rápidamente el Ejecutivo, a través del ministro del Interior, Jorge Burgos. “Nosotros no le vamos a poner urgencia a esa moción. Vamos a tener el mayor respeto como con todas las mociones para analizarlas, pero no está dentro del proyecto del Ejecutivo”, indicó.

El diputado de Renovación Nacional y uno de los autores de la indicación, Gonzalo Fuenzalida, aseguró que el contenido del artículo ya está contemplado, con otra redacción, en la actual Ley Antiterrorista.

Pese a lo anterior, adelantó que, para evitar suspicacias, ingresará una indicación sustitutiva para aplicar lo mismo establecido en el Artículo 16 de la Ley 18. 314.

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