El pasado miércoles 6 de abril se conocían las declaraciones del ministro del Interior Jorge Burgos, quien confirmó que el Gobierno pondrá urgencia al proyecto para modificar la Ley Antiterrorista. Esto, en el marco de los intentos del Ejecutivo por frenar los episodios de violencia rural en el sur de Chile, concentrada principalmente en la región de La Araucanía, en la provincia de Arauco (región del Bío Bío) y en la región de Los Lagos.
Ese mismo día, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar la moción que busca fortalecer “la investigación de delitos terroristas y de aquellos que afecten la seguridad del Estado en casos de especial gravedad”.
La moción, patrocinada por seis diputados de RN y una diputada de la UDI, acusa deficiencias en la actual Ley Antiterrorista y pretende dotar de herramientas al Ministerio Público para favorecer el éxito de la investigación, como el uso de agentes encubiertos.
Pero si bien ya había sido superada la “Ley Mordaza“, denominación vulgar para las restricciones que suponía la norma contenida en la Agenda Corta Antidelincuencia que buscaba impedir filtraciones en las investigaciones secretas de la Fiscalía, ahora nuevamente este fantasma se asoma de la mano de esta moción.
El artículo 3º de la iniciativa propone una sanción de reclusión menor en su grado medio a máximo para quienes filtren la información de las diligencias que se practiquen en una investigación por delito terrorista. O sea, hasta 3 años de cárcel.
El mismo artículo señala que, además, el director del medio de comunicación que publique el contenido de las filtraciones está expuesto a una multa de 10 a 30 UTM, (entre $453.160 y $1.359.480 al valor de abril), publica El Mostrador.
El diputado del PC Hugo Gutiérrez, quien participó en la sesión reemplazando a Karol Cariola, fue el único que votó en esa oportunidad en contra de la moción y sostuvo que la reserva no debe ser la que prime en estos casos: “Aquí lo central debió haber sido la defensa del principio de publicidad, más allá de la libertad de prensa. En la actuación de todos los órganos del Estado la publicidad debe ser la regla; y el secreto, la excepción”.
Daniel Farcas, diputado del PPD que votó a favor, aclaró que dar el visto bueno a la idea de legislar “en ningún caso es una carta blanca para que cada uno de los artículos que están estipulados en dicho proyecto sean aprobados” y estimó necesario modificar la redacción del artículo 3º, aunque acorde a “lo que están pidiendo los fiscales”.
En la misma línea el diputado UDI Arturo Squella se mostró abierto a revisar la redacción, pero hizo hincapié en que la indagatoria debe contar con un periodo de reserva excepcional.
Quien también integra la comisión pero no votó en la sesión del miércoles pasado fue el parlamentario del PS Leonardo Soto, el que expresó que la indicación no debiera ser aprobada.
“Con esto quieren matar el periodismo de investigación que incomoda al poder cuando cumple con su deber, que es hurgar particularmente en aquellos espacios en que se tensionan la institucionalidad y el estado de derecho, como ocurre en la aplicación de las normas especiales que contempla la ley antiterrorista”, señaló en un comunicado.
Esta moción fue patrocinada por la diputada de la UDI Claudia Nogueira, junto a los parlamentarios Gonzalo Fuenzalida, Germán Becker, René Manuel García, Jorge Rathgeb y Marcela Sabat de Renovación Nacional, y ahora está en condiciones de ser votada en particular.
