La defensa del expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva pidió a la corte suprema que el juez Sergio Moro sea investigado por interceptar “ilegalmente” un teléfono de los abogados del exmandatario en el marco del caso de corrupción en Petrobras.
En una petición presentada este miércoles ante el Supremo Tribunal Federal (STF), el abogado Roberto Teixeira señala que el juez Moro interceptó el teléfono del estudio Teixeira, Martins & Advogados, lo que “además de contrariar expresamente la legislación brasileña y los tratados internacionales de los que Brasil es signatario, debilita al propio Estado de Derecho”.
Los investigadores de la operación “Lava Jato”, que indagan la red de corrupción en Petrobras, afirman que el teléfono pinchado estaba registrado a nombre de la firma que organiza las conferencias de Lula, pero la defensa del exmandatario sostiene que la propia empresa de telefonía confirmó que se trataba del número de un bufete de abogados.
Los investigadores de la Lava Jato rebaten que el registro fuera alterado después de la polémica de las escuchas que estalló el 16 de marzo, cuando Moro reveló el contenido de conversaciones telefónicas entre Lula con la presidenta Dilma Rousseff, con algunos ministros y con sus abogados.
Defensa de Lula pide que Moro sea investigado por la fiscalía.
El expresidente brasileño es uno de los investigados en el caso Lava Jato, por presunta ocultación de bienes y como presunto beneficiario de favores por parte de empresas involucradas en el esquema de corrupción que expolió a la petrolera estatal.
Lula niega estar involucrado en el escándalo, pero por orden del juez Moro fue llevado por la fuerza a declarar a inicios de marzo.
Emblemática figura de la izquierda latinoamericana, Lula fue nombrado poco después ministro jefe de gabinete de Rousseff, pero la justicia bloqueó hasta ahora su asunción por sospechas de que su designación a un cargo con fueros ministeriales era un subterfugio para protegerlo del juez anticorrupción.
El mismo día de su nombramiento, Moro divulgó las llamadas pinchadas de Lula, lo que llevó a miles de personas a la calle para exigir la salida de Rousseff.
En el diálogo con Rousseff, ésta le anuncia que se aprestaba a enviarle el decreto de su nombramiento como jefe de gabinete para que pueda “usarlo en caso de necesidad”, lo que fue interpretado como un intento de protegerlo de la justicia ordinaria.
