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Lapidario análisis de diario español: Chile no logra detener los femicidios

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El diario El País destacó la alta cantidad de asesinatos de mujeres en Chile, poniendo énfasis en una legislación insuficiente que no consigue detenerlos.

El medio toma el caso de la adolescente de 17 años, Alison Calderón para explicar los vacíos de la actual ley. Tras cinco días desaparecida y una desesperada campaña de búsqueda de sus familiares, el cadáver de la joven fue encontrado enterrado en el patio de su colegio, el liceo Fray Luis Beltrán de El Bosque.

Julio Miranda, de 32 años, es el principal sospechoso, y la Fiscalía lo formalizó por el delito de homicidio. “Aunque es evidente la relación de poder que ejerció este hombre, con una probable agresión sexual, la legislación chilena no considera que este caso sea un femicidio”, dijo Lorena Astudillo, de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres al diario.

La publicación pone énfasis en los vacíos que presenta la ley 20.480 del año 2010, que dejó establecido el delito de femicidio. Antes de la modificación a la normativa legal, si una mujer era asesinada por su cónyuge o conviviente, se trataba de un parricidio.

Si bien con esta legislación se pueden alcanzar mayores penas si se cumplen ciertos agravantes, sólo considera los crímenes perpetrados por parejas, ex parejas o con quien la mujer haya tenido un hijo. No contempla a los novios, quienes matan a menores de edad y hombres que sin vínculo con la víctima.

“La precariedad de la ley provoca que los crímenes contra las mujeres no se castiguen con firmeza y afecta la contabilización efectiva de un fenómeno que Chile no ha logrado ni dimensionar ni detener”, indica el diario.

“Carecemos de registros unificados de información respecto de la violencia que viven las mujeres en nuestro país”, indicó a El País, Mitzi Figueroa, del Servicio Nacional de la Mujer.

Las alarmantes estadísticas

En lo que va del año 2016, 12 son los femicidios registrados. En 2015 se reportaron 45, según las cifras del Gobierno. Sin embargo, estadísticas de otros organismos contabilizan 58 el año pasado -una muerta a la semana-, pues cuentan todos los homicidios de mujeres en manos de hombres, aunque la ley chilena no los tipifique como femicidios.

“En 2011 y 2012 la cantidad disminuyó en comparación con años anteriores. Pero en 2013 empezaron a aumentar hasta alcanzar las mismas cifras que se tenían antes de la promulgación de la ley”, relató Astudillo, la integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

Cabe recordar que a partir de enero han sido varios los casos de femicidio que han causado revuelo en el país. La colombiana Yuliana Acevedo, de 21 años, fue asesinada por su pareja, quien la descuartizó y ocultó su cadáver en el río Mapocho.

O Karen Andrea Wilson Villagrán, de 31 años, quien dejó a dos hijos de 4 y 6 años tras ser estrangulada por su pareja luego de una discusión. Otra víctima esNely del Carmen Leighton, de 46 años, cuya pareja le dio muerte con un hacha. Y Yuri Álvarez, de 28 años, muerta a martillazos por su cónyuge en Quillón.

Del mismo modo la publicación destaca que en la actualidad se hable de femicidios y no de crímenes pasionales, como en años anteriores. De a poco ha ido cambiando el panorama, sostiene, incluso con condenas públicas a los medios nacionales cuando minimizan un tema tan grave y delicado.

No obstante, casos como el de Jeannette González, de 33 años, cuya pareja le prendió fuego y la dejó con un 38% de su cuerpo quemado, causan impotencia, ya que la mujer había ido ese mismo día a Carabineros para denunciar por violencia a su pareja, pero desde la policía la enviaron de regreso a su casa.

“No tenemos modelos de atención adecuados para acompañar, proteger y cuidar a mujeres que estén en riesgo de ser víctimas de femicidios. La respuesta del Estado es totalmente insuficiente”, señala Teresa Valdés, coordinadora del Observatorio Género y Equidad.

Frente al retraso que hay en Chile respecto a la violencia contra las mujeres, y las ascendentes estadísticas, el Gobierno trabaja en una ley integral para ampliar la legislación a otras formas de violencia, tanto en lo público (acoso callejero, por ejemplo) como privado.

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