141 personas podrán expresar su postura ante el acuerdo entre la Fiscalía Occidente y los imputados en el Caso Tsunami que pondría fin a la investigación y evitaría un juicio.
Se trata de los familiares de las víctimas de la catástrofe registrada el 27 de febrero del 2010 quienes serán escuchados por el juez que finalmente resolverá si avala o impide la “suspensión condicional del procedimiento“.
La audiencia se desarrollará en el Séptimo Juzgado de Garantía, donde definitivamente se discutirán las salidas alternativas que acordó la Fiscalía con los seis imputados por los errores en la alerta de tsunami para el 27 F que significó la muerte de 105 personas.
La condición para evitar un juicio que propuso el fiscal José Luís Pérez Calaf, supone que $235 millones serán repartidos entre los 141 querellantes y $10 millones serán para financiar un seminario donde se exponga lo que sucedió esa madrugada.
Al ex subsecretario del interior, Patricio Rosende, se le asignó el mayor pago, con $80 millones, a la ex jefa de la Onemi, Carmen Fernández, $40 milloones, al igual que los tres ex marinos del SHOA formalizados en la causa: Mariano Rojas, Andrés Enríquez y Mario Andina.
Mientras que Joziael Jamett, ex jefe de alerta temprana cancelará $5 millones.
Además cada uno deberá leer una especie de “manifiesto” que un principio era pedir perdón, situación que no admitieron, porque era reconocer culpabilidad.
La jueza Carolina Gajardo resolvió el 14 de marzo pasado, en la primera audiencia convocada para estos efectos, citar a todos los familiares de las víctimas que figuran como querellantes, luego que en la oportunidad dos personas interrumpieran la sesión.
El fiscal Pérez Calaf manifestó su deseo de que la audiencia de este lunes se realice con normalidad y respeto.
El ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, quien debió ser un protagonista de esa madrugada en la Onemi, pero no llegó por la lejanía del lugar en que se encontraba.
A seis años de la catástrofe, no dudó en responsabilizar al SHOA de la Armada como el origen de todos los errores que se cometieron.
En lo que puede ser una novedad, el ex ministro del Interior reconoció que hubo una responsabilidad del Estado en la negligencia a la hora de decretar la alerta de Tsunami.
El Tribunal, basado en la norma, consideró víctimas al cónyuge, hijos, ascendientes, al conviviente, a los hermanos y al adoptado o adoptante de cada persona muerta o desaparecida tras el maremoto del 27F.
