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Exministro Pérez Yoma reconoce que el Estado falló el 27F y apunta sus dardos al SHOA

AFP
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En conversación con Radio Bío Bío, el exministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, reconoció que el Estado falló la fatídica madrugada del 27F.

La declaración se conoce a 24 horas que 141 personas expresen su postura ante el acuerdo entre la Fiscalía Occidente y los seis imputados en el caso Tsunami que evitaría un juicio.

Se trata de los familiares de las 105 víctimas de la catástrofe registrada el 27 de febrero del 2010, quienes serán escuchados por el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que finalmente resolverá si avala o impide la “suspensión condicional del procedimiento”.

La condición para evitar un juicio que propuso el fiscal José Luis Pérez Calaf, supone que 235 millones de pesos serán repartidos entre los querellantes y 10 millones serán para financiar un seminario donde se exponga lo que sucedió esa madrugada.

Al ex subsecretario del interior, Patricio Rosende, se le asignó el mayor pago, con 80 millones de pesos; a la ex jefa de la Onemi, Carmen Fernández, 40 millones, al igual que los tres ex marinos del SHOA formalizados en la causa: Mariano Rojas, Andrés Enríquez y Mario Andina. Joziael Jamett, exjefe de alerta temprana cancelará 5 millones de pesos.

Además cada uno deberá leer una especie de “manifiesto” que un principio era pedir perdón, situación que no admitieron, porque era reconocer culpabilidad.

El fiscal Pérez Calaf manifestó su deseo de que la audiencia de mañana se realice con normalidad y respeto.

Radio Bío Bío conversó con el exministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, quien debió ser un protagonista de esa madrugada en la Onemi, pero no llegó por la lejanía del lugar en que se encontraba.

A seis años de la catástrofe, no dudó en responsabilizar al SHOA de la Armada como el origen de todos los errores que se cometieron.

Además el exministro del Interior reconoció que hubo una responsabilidad del Estado en la negligencia a la hora de decretar la alerta de Tsunami.

El tribunal, basado en la norma, consideró víctimas al cónyuge, hijos, ascendientes, al conviviente, a los hermanos y al adoptado o adoptante de cada persona muerta o desaparecida tras el maremoto del 27F.

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