Una corte sudafricana dictaminó este jueves que el presidente Jacob Zuma usó dinero público para remodelar su residencia privada y le pidió que lo devuelva, una sentencia aprovechada por la oposición para lanzar un proceso de destitución.

“El presidente debe pagar el monto fijado por el Tesoro Nacional”, dijo el presidente del tribunal, Mogoeng Mogoeng, y estimó que Zuma no había “respetado ni defendido ni seguido la Constitución”.

El llamado escándalo Nkandla —el nombre del pequeño pueblo donde se encuentra la residencia privada del presidente— se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el jefe de Estado y en un símbolo de las acusaciones de corrupción contra su gobierno y su partido, el Congreso Nacional Africano (ANC).

La más alta instancia judicial del país dio un plazo de 45 días a Zuma para devolver el dinero que utilizó para construir una piscina, un granero, un anfiteatro y un lugar para acoger a visitas, con un coste de 24 millones de dólares.
Zuma enfrenta además la crisis generada por la alicaída situación de la economía y otras acusaciones de corrupción.

Oficialmente el presidente había justificado el gasto para mejorar la seguridad de la vivienda, ubicada en la zona zulú, en el este del país.

El escándalo surgió a principios de 2014, cuando la mediadora de la república, Thuli Madonsela, encargada de que el dinero del contribuyente se utilice con buenos fines, entregó un informe en el que acusaba a Zuma de haberse “beneficiado indebidamente” de dinero público para las reformas de su casa, y recomendó que reembolsara parte del dinero.

Zuma se negaba desde hace meses a devolver un solo centavo de los más de 20 millones de dólares que gastó.Pero en febrero aceptó reembolsar una parte del dinero.

La situación ha creado una fuerte polémica en Sudáfrica, lo que ha llevado a generar un proceso de destitución en contra de Zuma.