El fiscal Luis Toledo, en nombre del Consejo de Fiscales Regionales, manifestó su “rechazo a cualquier límite al derecho a informar y a ser informado”, tras analizar el proyecto de ley que endurece las penas por filtración de datos reservados en una investigación.
Asimismo, tras reunirse con el fiscal nacional Jorge Abott, se mostraron dispuestos a impulsar mecanismos que impidan evitar filtraciones que puedan “anticipar diligencias o fomentar maniobras distractivas por parte de quienes son investigados”.
Toledo destacó que el trabajo periodístico “fortalece el Estado Democrático de Derecho” mediante artículos informativos, interpretativos y de opinión.
La posición del Consejo de Fiscales Regionales, aseguró Toledo, en ningún caso busca pasar a llevar los principios de transparencia de la Reforma Procesal Penal, “que se manifiesta en las audiencias públicas y en tribunales”.
El proyecto de ley, enviado por el Ejecutivo a recomendación de la fiscalía y parlamentarios, fue aprobado en el Senado y aumenta las penas de cárcel de 61 a 541 días en caso de filtraciones y eleva el plazo de reserva de las investigaciones de 40 a 90 días.
