Prevenidos de la posibilidad de una demanda, el Ministerio de Relaciones Exteriores trabaja desde hace tiempo en la recopilación de antecedentes para argumentar la posición chilena en torno al conflicto con Bolivia por el uso de aguas del río Silala, el que motivó el anuncio de la presentación de una nueva acción judicial ante la Corte Internacional de Justicia por parte del gobierno de Evo Morales.

Para el canciller Heraldo Muñoz, la decisión de presentar la acción judicial se encuentra gatillada por la “política interna” del país altiplánico, así como también para “desviar la atención de sus enredos internos”. Por ello, según afirmó a La Tercera, la vecina nación optó “por un camino de odiosidad en contra de Chile”.

Respecto a la polémica por el curso de agua, la Dirección de Fronteras y Límites mantiene establecida una unidad que es la encargada de buscar la documentación y el seguimiento del asunto se ha extendido por 20 años.

Una discusión que ha vuelto a instalarse en la opinión pública es la pertinencia de que Chile permanezca en el Pacto de Bogotá, el que permite que nuestro país demande y pueda ser demandado ante el tribunal internacional.

Sin embargo, el ministro recuerda que el efecto de denunciar el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, con el cual se concreta el retiro del pacto, solo se materializa un año después de ser avisado a la Unión Panamericana.

“Si se hubiese acelerado una decisión de retiro, como algunos han planteado, se habría acelerado la presentación de la demanda”, afirma Heraldo Muñoz, pero no descartó evaluar y discutir las alternativas que sirvan “para defender los intereses nacionales”.

De todos modos, el secretario de Estado afirmó que Chile “también puede demandar al amparo del Pacto de Bogotá”, por lo que destacó al tratado como un instrumento válido.

En tanto, el embajador Alberto van Klaveren, confirmó a El Mercurio que las negociaciones con Bolivia durante el primer gobierno de Michelle Bachelet apuntaban a un arreglo, pero estos “esfuerzos”, como los denominó, fueron “siempre suspendidos o terminados por la parte boliviana”.