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Caso Penta: el miércoles formalizarán a empresario que habría emitido boletas a Golborne

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Este miércoles, la Fiscalía Oriente formalizará por diversos delitos tributarios al empresario Tomás Carrasco Burgos en el marco de la investigación del denominado Caso Penta.

Además, el Ministerio Público sólo espera que el Servicio de Impuesto Internos amplíe la querella contra el ex secretario de Estado para imputarle cargos.

Carrasco -de 58 años- es investigado como dueño de las empresa Siglo y VSA Limitada por medio de las cuales habría emitido boletas ideológicamente falsas y contratos a futuro o “forward” irregulares.

La relevancia de la audiencia de formalización -fijada en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, para las 9 horas de este miércoles- radica en que se definirá la solicitud de comunicación de cargos contra Laurence Golborne.

En su declaración judicial, el empresario reconoció que facturó a Penta y otras empresas a solicitud del ex ministro de Minería, lo que hace inminente, según fuentes consultadas por este medio, la formalización de Golborne.

En la audiencia de este miércoles, tamién se discutirá la ampliación del plazo de la investigación en esta causa donde se encuentran pendientes una serie de diligencias y nuevas formalizaciones.

En esa línea los intervinientes se inclinan por la separación de las nuevas aristas que surjan somo informó el abogado del ex funcionario del SII, Iván Álvarez, el jurista Sergio Rodríguez.

Rodríguez, al igual que otras defensas en este caso, se mostró abierto a conversar para avanzar hacia un procedimiento abreviado.

En otro grupo de intervinientes se inclinan por la realización de un juicio oral, Aa fin de acreditar inocencia, tal como lo aseguró el abogado del ex funcionario del SII, Juan Martínez, el jurista Ramón Sepúlveda.

Hasta ahora la defensa de los ex controladores de Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín también se inclina -por ahora- para acceder a un juicio oral. Lo mismo ocurre en el caso del ex- subsecretario de Minería, Pablo Wagner.

La piedra de tope para acceder a un procedimiento abreviado es el reconocimiento delito de soborno y cohecho.

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