La comisión investigadora encargada de indagar presuntas irregularidades, nexos y acuerdos con funcionarios públicos entre las empresas encargadas de proveer los servicios de alimentación para la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, recibió al contralor general de la República, Jorge Bermúdez, quien reconoció una concentración de grupos que se adjudican los contratos del programa de alimentación.
Las compañías Hendaya, Alicopsa y Dipralsa -junto a otras dos sociedades- forman un holding que controla el 26% de las operaciones de la oferta de alimentación escolar del país, por un total de 140 mil millones de pesos de ingresos al año, en un mercado que en total suma $520 mil millones anuales.
El presidente de la comisión investigadora, el diputado Manuel Monsalve, aseguró que existen los antecedentes suficientes para sospechar que se configura un caso de colusión.
El parlamentario agregó que en este caso se pueden configurar los delitos de cohecho y fraude al fisco, reconociendo que la responsabilidad es de estas falencias es del Estado, al no proveer a la Junaeb de las herramientas suficientes.
Desde la Junaeb, a través de un comunicado emitido por su fiscal nacional Marcelo Araya, señalaron que “se procedió a recabar antecedentes para realizar dentro de las próximas semanas una consulta a la Fiscalía Nacional Económica” y agregaron que pondrán los antecedentes a disposición de las autoridades competentes, “para que sean éstas las que determinen la existencia de eventuales irregularidades en el mercado de las empresas proveedoras del Programa de Alimentación Escolar”.
