Brasil vivía el lunes al ritmo de la crisis económica y política que lo golpea desde hace dos años, con anuncios de pérdidas récord en Petrobras y el avance de un pedido de destitución de la presidenta Dilma Rousseff.
Envuelta en un millonario fraude, la petrolera estatal anotó pérdidas por casi 10.000 millones de dólares en 2015, principalmente por la degradación de activos, relacionados con el desplome del precio del petróleo.
Petrobras fue perjudicada por un gigantesco esquema de corrupción develado en 2014. En una especie de cártel, grandes constructoras sobornaban a ejecutivos de la empresa y a políticos a cambio de contratos.
El caso ha alcanzado a dos ex presidentes -el antecesor y mentor de Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), y Fernando Collor de Mello (1990-1992)- así como varios políticos y empresarios están procesados y hasta presos.
La crisis política oprime aún más a un país en recesión económica. El gobierno anunció el lunes medidas para contener el gasto público, mientras analistas estiman un nuevo desastre en el PIB de 2016: una contracción del 3,6%.
¿También por corrupción?
La comisión parlamentaria que evalúa el pedido para destituir a Rousseff, podría considerar en su informe una acusación que señala que ella estaba al tanto de la corrupción en Petrobras.
En su segunda de 15 reuniones, la comisión evaluó posibles fundamentos para avanzar en el ‘impeachment’ de Rousseff, que hasta ahora se limita sólo a presunta manipulación de cuentas fiscales.
La oposición pidió sumar al acta las acusaciones del detenido senador Delcidio do Amaral, del bloque oficialista, quien, en una declaración a cambio de reducción de penas afirmó que Rousseff y Lula se beneficiaron del esquema de financiamiento ilegal de campañas políticas montado a través de la petrolera estatal. Rousseff negó los hechos.
El gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) y de otros partidos opuestos al impeachment rechazaron el pedido de incluir nuevos elementos, en medio de airadas y tensas discusiones en la sala parlamentaria.
La inclusión de las denuncias de Amaral vincularían a Rousseff con el escándalo Petrobras, detonado por el juez Sergio Moro y su operación ‘Lava Jato’ (lavado a presión).
El presidente de la comisión de 65 miembros, Rogerio Rosso, llamó a actuar con cautela y no profundizar la crisis del país.
Mientras la comisión sesionaba, miles de personas se manifestaban frente al Congreso, para exigir la renuncia de Rousseff. Las manifestaciones a favor y en contra de la gobernante han sido constantes en las últimas semanas.
Para que las 15 sesiones de la comisión de “impeachment” tengan validez, deben también ocurrir igual número de sesiones plenarias de la Cámara de Diputados.
A Rousseff le quedan ocho de las 10 sesiones que tiene como plazo para presentar sus descargos.
Un juicio de destitución debe ser aprobado por los dos tercios de la Cámara (342 de 513 diputados) y, si ello ocurre, ratificada por mayoría simple en el Senado (de 81 escaños).
En ese caso, Rousseff sería apartada automáticamente de su cargo por un plazo máximo de 180 días. Y su destitución definitiva ocurriría si el Senado la votase al cabo de todo el proceso, esta vez por mayoría de dos tercios (54 senadores).
Lula en el limbo
También el ex presidente Lula está en la picota del juez Moro, por presunta ocultación de bienes, en conexión con el caso Petrobras.
Lula, de 70 años, fue nombrado la semana pasada ministro jefe de gabinete de Rousseff, pero un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) bloqueó provisoriamente su toma de funciones, por considerar que se trataba de una maniobra para dotarlo de fueros y protegerlo de una eventual prisión.
El STF debería decidir el próximo 30 de marzo, en su plenaria, si Lula es o no ministro. Pero el presidente del tribunal podría atender los recursos y Habeas Corpus presentados por sus abogados y por el gobierno, para inhibir la acción del juez Moro.
Según la prensa local, Lula y Rousseff se reunieron la noche del lunes en Brasilia para discutir su estrategia política para los próximos días.
El Instituto Lula denunció el domingo un acoso político, judicial y mediático contra el ícono de la izquierda latinoamericana.
‘Lava Jato’ internacional
La acción de ‘Lava Jato’ siguió con la detención en Portugal del empresario luso-brasileño Raul Schmidt Felipe Junior con fines de extradición, acusado de ser “un operador financiero en el pago de sobornos a funcionarios públicos de Petrobras” y un “agente de empresas internacionales en la obtención de contratos para plataformas de exploración” de la petrolera estatal.
La cooperación con autoridades de otros países se extiende igualmente al dominio financiero. En Suiza se bloquearon la semana pasada 800 millones de dólares.
En Perú, una comisión del Congreso investiga las implicancias de la operación en su país, en medio de acusaciones de presuntos pagos de sobornos por parte de firmas brasileñas a funcionarios de distintos gobiernos, para realizar obras.
