Días difíciles ha tenido Pablo Longueira tras las revelaciones de su relación con SQM mientras ocupaba un cargo en el parlamento donde un artículo de la Ley Minera del Royalty fue enviado por Patricio Contesse al ex ministro, lo que finalmente quedó estampado en la iniciativa que conocemos actualmente. A raíz de ello, la empresa cuprífera obtuvo millonarios beneficios tributarios.
Mientras esto ocurría, sus cercanos recibían pagos por un total de $730 millones a través de boletas ideológicamente falsas emitidas a Soquimich.
Pero en la investigación un aspecto será punto clave: los correos electrónico que mantuvieron el ex gerente general de SQM y el entonces senador de la UDI, los que fueron enviados para conformar La Ley Minera del Royalty, siendo una de las principales evidencias que tiene Fiscalía para mantener la causa por cohecho en su contra.
Asimismo, también permite abrir un debate entre el Ministerio Público y la defensa del ex ejecutivo para determinar la validez de estos antecedentes.
Según consignó La Tercera, la legalidad en la obtención de estos e-mails serán uno de los principales cuestionamientos que Samuel Donoso, abogado del ex ejecutivo de SQM, hará valer durante la preparación de juicio oral en contra de su representado.
Esto porque el abogado buscará invalidar esta evidencia que -de ser acogida- acabaría con la responsabilidad penal de Contesse y que podría dejar sin efecto las pruebas contra Longueira en la investigación por cohecho.
Otras aristas
Pero no sólo involucraría este bullado caso sino que a través de esta defensa pretende anularse responsabilidad frente a otros investigaciones. Recordemos que el ex ejecutivo de la minera no metálica también intercambió correos electrónicos con otros políticos como el senador Fulvio Rossi; el ex senador Carlos Ominami y el ex embajador en Paraguay, el dirigente PPD Alejandro Bahamondes.
Según precisó el medio nacional, el 23 de diciembre el abogado de Contesse no autorizó la revisión de correos electrónicos del computador de su representado donde “evalúa una eventual ilegalidad de la prueba u obtención de correspondencia electrónica de mi defendido con infracción de garantías fundamentales”, señaló en aquella instancia. Este planteamiento fue reforzado en otra presentación realizada el 25 de enero.
Otra de las evidencias del Ministerio Público son los 3,5 millones de e-mails contenidos en el servidor de SQM donde podría desprenderse mayor evidencia. El periódico precisó que abogados de la firma advirtieron a Fiscalía que los correos de los funcionarios de la empresa podrían no ser usados en un juicio oral porque no existe autorización, según fuentes cercanas a la minera.
