La defensa del senador Jaime Orpis presentó la apelación al desafuero que decidió la Corte de Apelaciones para el parlamentario. El documento, que consta de 32 páginas, contiene los argumentos de los abogados Carlos Cortés y Sergio Rodríguez, para pedir revocar la resolución.

Confeso se encuentra el parlamentario de los delitos de fraude al fisco y tributarios en el marco del caso Corpesca, por lo que en esta ocasión se recurrió por los delitos de lavado de activos y cohecho.

En la acción se solicita “revocar parcialmente y en lo apelado la resolución judicial recurrida”, según consigna Emol.

La fiscal Ximena Chong detalló que entre los años 2009 y 2013 el requerido recibió más de 265 millones de pesos parcelados en pagos de 5,2 millones de pesos mensuales.

Por lo anterior, el documento asegura que Orpis no recibió dinero para ejecutar “algún acto propio de su cargo. No existe ningún antecedente expuesto por el Ministerio Público o los querellantes que demuestre una relación entre un acto propio del cargo y los dineros de Corpesca S.A. No existe antecedente alguno que se hubiese omitido algún acto propio del cargo o que ellos se hubiesen realizado con infracción a los deberes de su cargo”.

Según la defensa, se encuentra acreditado en la carpeta del Ministerio Público que los informes enviados para la tramitación del proyecto en 2009 ya se encontraban en poder del senador en 2007, siendo utilizados en el proyecto original.

Agrega que “el referido proyecto de ley dice relación con una iniciativa y materia que tiene su origen y desarrollo desde los años 2006 y 2007, mucho antes de que mi representado conociera a don Francisco Mujica o que recibiera algún tipo de aporte o colaboración de Corpesca S.A.”.

“Reingresar un proyecto de ley que había sido rechazado dos años antes, en ningún caso tiene la relación que el delito de cohecho requiere”, según la defensa.

El documento además asegura que “no habría pruebas sobre comunicaciones entre el parlamentario y el ex gerente general sobre el proyecto” y que el único objetivo del senador era “intentar buscar una herramienta para mejorar la condición de todo el sector pesquero del norte del país”.

Orpis “votó en la Ley de Pesca siguiendo el ‘acuerdo político’ y no las ‘instrucciones’ del Sr. Francisco Mujica Ortúzar, y los pagos para campañas políticas jamás tuvieron como condición promover o votar favorablemente en las posiciones de Corpesca S.A.”, indica el escrito.

Sobre el delito de lavado de activos, los abogados argumentan que no hay conducta de ocultamiento o disimulo, “ya que se trata de la misma forma en que los dineros provenientes del supuesto cohecho salen desde la empresa y se usan para los fines o destinos que el honorable senador don Jaime Orpis Bouchón determinaba”.