No todo está dicho en el caso Tsunami, dijo el ex fiscal Andrés Cruz, explicando que las víctimas deberán ser escuchadas por el tribunal antes de pronunciarse sobre la salida alternativa, acordada entre el Ministerio Público y los imputados. En cuanto a las indemnizaciones, aún hay demandas que continúan su trámite en juzgados civiles.
Un detallado análisis tendrá que hacer el Juzgado de Garantía de Santiago antes de resolver si aprueba o no el acuerdo para terminar con la investigación por la fallida alerta de tsunami el 27 de febrero de 2010.
Así lo señaló el abogado y ex fiscal Andrés Cruz, al explicar que el juez deberá primero determinar si las eventuales penas son inferiores a 3 años para dar luz verde a la salida alternativa, pero también considerar la postura de los afectados, que deberían declarar ante el tribunal.
Cruz agregó que por este motivo habrá que esperar a la audiencia, en donde se presentará el acuerdo entre la Fiscalía y los imputados, y que fue postergada el lunes, justamente por no haber estado presente todas las víctimas querellantes en el caso.
Sobre las indemnizaciones que muchos persiguen en la misma arista penal, el ex fiscal dijo que las personas podrán presentar -en caso de zanjarse la suspensión del procedimiento- pues los plazos de prescripción se suspendieron con la investigación criminal.
En este sentido, la abogada querellante en el caso Tsunami, Cynthia Tapia, dijo que hay muchas demandas en trámite, pero que sin duda la inexistencia de responsabilidades penales dificulta los fallos a favor en esas acciones legales.
Cualquiera sea lo que resuelva el Juzgado de Garantía capitalino sobre la salida alternativa, apuntó el ex fiscal Cruz, el acuerdo llegará a la Corte de Apelaciones de Santiago, que tendrá la última palabra.
