Durante este lunes, la justicia podrá evaluar si continúa el proceso del juicio por los errores en la alerta de tsunami para el 27F o si cierra la investigación, donde se concluyó que hubo 105 personas muertas por la negligencia de las autoridades.

Lo anterior tras el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y los 6 imputados en la causa, lo que incluye el pago de compensaciones para los familiares de las víctimas.

La cifra abarca una suma de $2.238.000 para cada familia de las 105 víctimas del Tsunami acreditadas en el caso, de una compensación total de $245.000.000 que deberán cancelar los 6 imputados en esta causa.

De los cuales $235.000.000 serán repartidos entre los querellantes, mientras que los $10.000.000 restantes serán para financiar un seminario donde se expondrá lo que sucedió esa fatídica madrugada, como los peritajes que explican el deceso de los muertos de la “zona de sacrificio”, a los que se le restaron a la imputación.

Al ex subsecretario del interior, Patricio Rosende, se le asignó el mayor pago, con $80.000.000; a la ex jefa de la Onemi, Carmen Fernández, $40.000.000; al igual que los tres ex marinos del SHOA, Mariano Rojas, Andrés Enríquez y Mario Andina. Mientras que a Joziael Jamett, ex jefe de alerta temprana cancelará $5.000.000.

Además, cada imputado deberá leer un “manifiesto”, el cual en un principio era con el fin de “pedir perdón”, ya no se realizará de la misma forma, ya que los imputados definieron que no aceptaban la situación, ya que pedir perdón era reconocer culpabilidad, la que no estiman.

El miércoles pasado, el fiscal José Luís Pérez Calaf, pidió formalmente suspender la audiencia, ya que hasta ahora 17 familias de víctimas, no habían sido notificadas de la salida alternativa.

Sin embargo, la jueza que estará a cargo este lunes de la audiencia en el Séptimo Juzgado de Garantía de la Santiago, Carolina Gajardo, mantuvo la citación.

Respecto al acuerdo que dejará “limpio” el extracto de filiación de los imputados, Pérez Calaf reconoció la semana pasada que habrá quienes quedarán insatisfechos.

Uno de los abogados de los familiares de las víctimas, Carlos Faerlie, manifestó que el acuerdo reducirá las posibilidades de acceder a una indemnización estatal, vía demanda civil, y anunció que se opondrán en estrado.

El jurista Alfredo Morgado, apuntó que aún queda por informar a familiares de las víctimas que no poseen abogado defensor, lo que podría descartar un fallo sobre la legalidad del acuerdo entre la Fiscalía y los imputados.

En total, son 95 tomos, cerca de 900 personas interrogadas y más de 60 peritajes, conforman la carpeta investigativa del denominado caso Tsunami, investigación que sólo podría quedar con un condenado, el ex jefe de turno de la Onemi, Osvaldo Malfanti, quien se acogió a un juicio abreviado, reconociendo su culpa.