A través de un comunicado, el Ejército de Chile reconoció que en enero de este año adoptó medidas ante un “creciente número” de militares que participaban en negocios de inversión, como fue el caso de AC Inversions, pero que no contaba con información suficiente para denunciar.
“El creciente número de personal participando en estos negocios de inversión”, derivó en que el Comandante en Jefe del Ejército resolviera dictar una circular en enero de 2016, “prohibiendo participar en este tipo de negocios a quienes se desempeñaran en áreas sensibles de la Institución”, indica el texto.
El Ejército reconoce que “la actividad de captación de clientes para este tipo de empresas es particularmente incompatible con los valores, principios y deberes militares“.
Afirman que con “los antecedentes obtenidos, se estimó que se lesionaba gravemente la disciplina militar y relaciones de mando”.
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La institución señala que advirtieron lo que ocurría “a través de sus procesos de control” y aseguran que “se han intensificado” producto de las investigaciones recientes.
En este sentido, declaran que las autoridades militares emitieron “circulares institucionales”, la que “tuvieron por objeto entregar mayores antecedentes para orientar respecto a la participación en negocios que implican cierto riesgo para los ahorros y, para prevenir las consecuencias para el servicio (…) especialmente en los casos de que el personal actuara como captador, compromisos con altos niveles de endeudamiento y la potencial vulnerabilidad para las relaciones militares y de mando”.
Enfatizan en que “la información que poseía el Ejército no era suficiente para denunciar los hechos, pues no alcanzaba a revestir carácter de delito” y que la institución “cumplió con las obligaciones que las leyes le imponen frente a este tipo de hechos, solicitando y entregando los antecedentes” a organismos como el Servicio de Impuestos Internos.
Finalmente, aseguran que el Ejército rechaza “cualquier acción que vulnere el ordenamiento legal y la reglamentación vigente, manifestando su entera disposición para continuar colaborando con (…) las investigaciones”, y afirmando que “en caso de existir personal que hubiere incurrido en acciones (ilegales) (…) adoptará, como ya lo ha hecho, las medidas que correspondan”.
