En la Asociación de Isapres esperan que el Gobierno se tome con “realismo y celeridad” el envío del un proyecto de ley para reformar la ley del sistema privado de salud, a más de un año de que la Presidenta Michelle Bachelet recibiera el informe elaborado por la Comisión Asesora Presidencial, formada para ello.

El presidente de la Asociación, Rafael Caviedes, en respuesta a dichos del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés sobre que la reforma no sería tan profunda, que excluiría a Fonasa y que daría viabilidad al sistema privado.

“El Gobierno tiene que ser realista respecto al sistema de isapres. Tiene que ser pronto, porque los cambios que se hagan pueden tardar dos años” para tener efecto, sostuvo Caviedes.

Asimismo, agregó que el Gobierno cuenta con la colaboración del sector privado, en temas como la movilidad de afiliación entre isapres e igualar las tarifas entre hombres y mujeres.

Los dichos del ministro Valdés reflejan el freno que el Gobierno puso al proyecto, en vista de que las voces han advertido la inviabilidad financiera de la iniciativa.

Para el experto en Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez, uno de los primeros en adelantar los problemas que afectarían a todo el sistema, con esto el Gobierno está reconociendo que hasta el momento no tiene un proyecto para enviar al Congreso.

“Es reconocer que no hay proyecto, que (sólo) había un conjunto de ideas”, afirmó, explicando que lo que se envíe al Parlamento, “tiene que ser un proyecto acotado y debidamente fundamentado, porque cualquier cambio que se haga en Salud tiene implicancias en todo el sistema”.

Pedro Barría, uno de los comisionados que asesoró al Ejecutivo para una primera propuesta, cree que es poco probable que el Gobierno envíe un proyecto de ley antes de que termine el mandato de la Presidenta Michelle Bachelet. “No vamos a tener en el corto plazo un proyecto en el parlamento para discutirlo y reformar el sistema”, enfatizó.

Desde el Gobierno, el Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic insistió -sin hablar de plazos- en que tendrán un proyecto viable desde el punto de vista económico, político y técnico. Aseguró que la judicialización, discriminación por selección de riesgo y poca transparencia “nos han tenido trabajando para generar un proyecto que sea viable técnica y políticamente, pero que también genere una sustentabilidad del sistema”.

Desde la Fundación Creando Salud, su vocero, Matías Goyenechea, sostuvo que el Gobierno no tiene la capacidad de impulsar una reforma de carácter estructural y aventuró que las regulaciones estarán orientadas a disminuir la cantidad de recursos judiciales que llegan a Tribunales por el alza unilateral de precios de los planes.