La Fiscalía Occidente llegó a acuerdo con los seis imputados en el caso Tsunami con salidas alternativas que impedirán un juicio oral. Los imputados tenían que contestar antes del mediodía de este lunes para acogerse a la suspensión condicional del procedimiento.
Entre las condiciones que se fijan para esta suspensión se encuentra pedir perdón -aunque ha trascendido que los imputados leerán un texto en el cual no pedirían perdón completamente-, además de tener un comportamiento intachable durante un año y entregar compensaciones económicas.
El ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, es quien deberá desembolsar la suma más alta, correspondiente a $80 millones para este acuerdo. En tanto la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, pagará $40 millones. En el caso del ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett, el monto asciende a $2 millones.
Los ex marinos imputados, el ex director del SHOA Mariano Rojas, el ex jefe de operaciones Andrés Enríquez y el ex oficial Mario Andina, deberán cancelar $40 millones cada uno como indemnización para las víctimas.
El fiscal occidente, José Luis Pérez Calaf, informará este acuerdo a los abogados que representan a los familiares de las víctimas.
Carlos Ferli, abogado de un grupo de familiares de la zona de Constitución, reiteró que rechazarán este acuerdo en los tribunales.
“Esto fue un acuerdo a espaldas de las víctimas y, desde esa perspectiva, no podemos estar conformes con algo que ni siquiera fue comunicado en su oportunidad. Desde ahí nosotros haremos valer todos los recursos legales, entre ellos las apelaciones respectivas, porque creemos que esto no tiene sentido para las víctimas. El acuerdo indemnizatorio tampoco es para ello”, expresó.
El acuerdo será presentado el próximo 14 de marzo por el fiscal Pérez Calaf, cuando se concrete la audiencia de preparación de juicio oral. Si la justicia lo ratifica se podrá apelar en la Corte de Apelaciones de Santiago.
En el caso de que no prosperen las apelaciones, el caso se cierra.
