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Fiscal de caso 27F argumenta “salida alternativa” propuesta a imputados

Viña Miguel Torres
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Dentro del marco de los procesos judiciales a raíz del 27F, el fiscal regional Metropolitano Occidente a cargo de la causa, José Luis Pérez Calaf, argumentó la “salida alternativa” que se ofreció a los imputados.

Se trata de una suspensión condicional del procedimiento que fue ofrecida al ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende; la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández; y al ex jefe del Centro de Alerta Temprana, Johaziel Jamett.

La iniciativa se originó con el propósito de evitar que los acusados vayan a juicio oral, ante lo cual el fiscal sostuvo que “entre llevar seis acusados a juicio oral y llevar tres, la dimensión de ese juicio oral debiera disminuir sustancialmente. Esa fue mi motivación para ofrecer estas salidas alternativas. “Mi idea era llevar a menos personas a juicio oral para que no sea tan extenso“, consignó Pérez a El Mercurio.

El fiscal también realizó hincapié en los recursos que significa el juicio, expresando que “obvio que tuve en cuenta los recursos del Estado. Para nosotros un juicio para todos nos significa tener a tres fiscales, no tomando denuncias, no yendo a juicio oral por delitos más graves penalmente que éste, desatender una cantidad de víctimas, quizás mayores a las del tsunami mismo“.

Además, el fiscal arremetió contra el sistema al que pertenece, sosteniendo que “nuestro sistema procesal no está preparado para juicios tan largos, de tanta envergadura“.

Antecedentes

Durante la primera quincena de febrero, el fiscal Pérez Calaf se reunió con los representantes de Rosende, Fernández y Jamett, a quienes les ofreció suspender la causa de sus representados, a cambio de una cifra de $80 millones, $40 millones y $2 millones, respectivamente, a modo de “reparación”.

En su momento los imputados sostuvieron que los montos ofrecidos por parte de la Fiscalía les resultaban “inalcanzables”, lo que al perecer cambió, cuando la tarde de este miércoles Jamett aceptó la oferta. Ante ello, Pérez declaró que “mi idea siempre fue poner un piso, para no moverse más abajo”, asegurando que no se bajará el valor de la reparación.

Pese a la decisión de Jammet, Pérez aclara que la medida es para “todos o ninguno“, explicando que “si no eran los tres, no era ninguno, entonces eso implicaba una obligatoriedad de que esos tres imputados se pusieran de acuerdo en el sentido de que ninguno de ellos se bajara (…) Todos o ninguno”.

Imputados

Dentro del proceso judicial, el fiscal organizó a los imputados entre “el mando político y la Onemi” y por separado a “los técnicos“, grupo donde se encuentran los funcionarios del SHOA, a los que recae la mayor responsabilidad en la alerta fallecida de maremoto el 27 de febrero de 2010.

En cuanto a los marinos, éstos fueron suspendidos, aunque en un inicio al ex director del SHOA, Mariano Rojas; al ex capitán de fragata, Andrés Enríquez; y al ex jefe de turno, Mario Andina, sólo se les ofreció un juicio abreviado, frente a lo cual el fiscal sostuvo que durante las últimas jornadas “nos abrimos a la posibilidad de plantear también una salida alternativa respecto de ellos“.

El requisito para los marinos de pagar $40 millones cada uno, está siendo analizado por ellos, quienes tienen plazo para responder hasta el viernes 4 de febrero.

Ante las críticas de los realizadas a Pérez, éste sostuvo que “sinceramente me afecta que una víctima pueda no sentirse satisfecha, pero lamentablemente tengo que ir más allá de eso”.

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