La Fiscalía habría llegado a un acuerdo con los imputados de las muertes por la fallida alerta de tsunami del 27/F para evitar un juicio oral.

“Suspensión condicional del procedimiento” se denomina a la herramienta legal que poseen los fiscales para no llegar a un juicio oral, esto a cambio que el imputado mantenga una conducta intachable por un periodo de tiempo.

En el denominado caso Tsunami, el fiscal occidente, José Luís Pérez Calaf, habría sumado otras dos condiciones: pedir perdón y pagar una compensación a los seis imputados que restan en esta causa por la fallida alerta de maremoto que le costó la vida a 156 personas, tras el terremoto del 27 de febrero de 2010.

Según el diario electrónico Emol, en la reunión que sostuvo el persecutor anoche con los abogados defensores, el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende Lynch, pagaría 80 millones de pesos; la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia, Onemi, Carmen Fernández, 40 millones; y el ex jefe de la central de Alerta Temprana, Johaziel Jamett, 5 millones de pesos.

Los tres imputados por cuasi delito de homicidio del Shoa, el ex director Mariano Rojas; el ex jefe de operaciones Andrés Enríquez y el ex oficial Mario Medina, deberían cancelar 40 millones de pesos cada uno.

La información causó indignación entre los abogados querellantes que representan a los familiares de las víctimas.

Raúl Meza, uno de estos profesionales, anunció que se opondrán a este eventual acuerdo en la audiencia de preparación de juicio oral que está fijada para el próximo 14 de marzo.

Carlos Faerlie, abogado que representa a parlamentarios de la UDI y RN que se querellaron en esta investigación, indicó que denunciarán ante el fiscal nacional esta negociación.

Sin embargo, el fiscal nacional Jorge Abott adelantó que él no tiene injerencia en las tratativas de Pérez Calaf. Incluso justificó una eventual salida alternativa por economía de los recursos del Estado.

Cabe destacar que Osvaldo Malfanti, el ex jefe de turno de la Onemi, el último eslabón de esta cadena de errores fatales, ya se sometió a un juicio abreviado, donde fue condenado a una pena remitida de 541 días por el cuasi delito de homicidio de 74 víctimas.