La Fiscalía Occidente abrió las puertas para negociar la “suspensión condicional del procedimiento” con las defensas de los seis imputados en el Caso Tsunami, por la fallida alerta de maremoto que le costó la vida a 156 personas tras el terremoto del 27 de febrero de 2010 en el Bío Bío.
Así lo confirmaron fuentes de Radio Bío Bío que estuvieron presentes en la reunión que ayer sostuvo el fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf, con los abogados que representan a los acusados en esta indagatoria: el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende Lynch; la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia, Carmen Fernández; el ex jefe de la central de Alerta Temprana, Johaziel Jamett, al ex director del Servicio de Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, Mariano Rojas, el ex jefe de operaciones, Andrés Enríquez y el ex oficial, Mario Medina.
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Según indicaron las mismas fuentes, la primera oferta del Ministerio Público apuntó a los procedimientos abreviados, lo cual fue rechazado por las defensas, principalmente de los marinos involucrados, ya que se negarían a reconocer ante un tribunal los hechos materia de la acusación en su contra
Fue en este escenario que el Ministerio Público se abrió a la posibilidad de avanzar por medio de la suspensión condicional del procedimiento que significaría cerrar las causas por “cuasi delito de homicidio múltiple” contra los imputados a cambio de una condición que se debe cumplir.
Fuentes de la Fiscalía indicaron que, en caso de concretarse esta salida alternativa, se exigiría a los encausados una compensación económica a favor de las familias de las víctimas.
De todas formas las determinaciones se tomarán por parte del ente persecutor antes de la audiencia de preparación de juicio oral que está fijada para el próximo 14 de marzo.
