La Contraloría Regional de Magallanes objetó el trato entre particulares y el Serviu local por la compraventa de un terreno que sería destinado para viviendas sociales en Punta Arenas.
El terreno, propiedad de Luis Boric Scarpa, padre del diuputado Gabriel Boric, junto a Patricia Büchner Herrero, esposa del actual diputado DC y ex alcalde de Punta Arenas, Juan Morano Cornejo; y Julio López Herrero, sería adquirido por el Fisco por trato directo a un precio de 1.340 millones de pesos, cuando su avalúo es de 3 millones 277 mil pesos, según consigna El Líbero.
El dictamen cuestiona la figura del trato directo, argumentando que ese mecanismo “debe hacerse sólo cuando la naturaleza de la negociación lo demande, requiriéndose asimismo una comprobación efectiva y documentada de las razones”.
Además, indica que “es posible verificar inconsistencias en cuanto al valor determinado por metro cuadrado del terreno, dado que respecto a un predio aledaño y de similares características, la tasación hecha por el propio servicio presenta un precio inferior”.
Contraloría también objetó que la tasación comercial la hiciera un funcionario público del Serviu y no un tasador independiente.
El predio fue adquirido bajo el uso de suelo agrícola, pero en 2004 fue cambiado a uso urbano, cuando el alcalde era Morano, cónyuge de una de las propietarias.
Parlamentario descarta tráfico de influencias
El diputado Boric descartó tener alguna participación en lo ocurrido y negó que esto se trate de una suerte de “Caval magallánico” o tráfico de influencias.
“El terreno fue comprado un año antes que yo naciera (1985), y su cambio de uso de suelo fue realizado, en atención al crecimiento de la ciudad el año 2004 (19 años después), cuando yo cursaba primer año en la Universidad”, detalló el parlamentario.
Boric agregó que “independiente de las interpretaciones que cada quien haga del asunto, (…) afirmo que jamás he realizado actuación alguna que tenga que ver con el caso en cuestión, ya que estoy plenamente consciente que de hacerlo estaría incurriendo en un flagrante conflicto de interés, pero por sobre todo porque tengo la más profunda convicción que los asuntos privados, propios o de familiares, no pueden interferir ni menos sobreponerse al rol público que hoy desempeño”.
El diputado de la Izquierda Autónoma expresó que ante la resolución de Contraloría, espera que “tanto el Serviu como los vendedores (entre ellos mi padre), solucionen las objeciones que el organismo contralor ha planteado, o bien, de no ser ello posible, desistan de la compraventa en cuestión”.
