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Autoridad educacional de Osorno descarta “libertinaje” de estudiantes en Ley de Inclusión

CONTEXTO | Agencia UNO
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“No es un medio para el libertinaje de los estudiantes”, así de clara fue la jefa provincial de Educación, Eliana Theil, frente a la puesta en marcha de la Ley de Inclusión, medida que viene a prohibir que un establecimiento impida el ingreso de un estudiante o lo discriminen por no portar parte de su uniforme, o por su aspecto físico, entre otras cosas.

La autoridad provincial de Educación, explicó que la normativa que entra en vigencia este 1 de marzo se conjuga con la Ley Zamudio, que viene a regular el trato discriminatorio en todos sus aspectos, principalmente el aspecto físico.

En esa línea la Ley de Inclusión prohíbe -por ejemplo- que un recinto escolar impida el ingreso o discrimine al estudiante que concurra con el cabello largo -en el caso de los hombres- o teñido de colores llamativos, con piercing o sin el uniforme. Pero es justamente aquí donde nace la duda del para qué existe el reglamento interno de cada colegio.

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Eliana Theil, en conversación con La Radio, explicó que con la entrada en vigencia de la nueva norma, no significa que el reglamento de cada colegio quedará obsoleto, sino que regulará la flexibilidad del mismo, para casos excepcionales y justificados.

De esa manera no significa que habrá una suerte de libertinaje en el estudiantado, ya que si el colegio a través de un reglamento interno estipula un uniforme, el estudiante debe acudir con él.

En el caso que sea un alumno de situación vulnerable y que no pudo adquirirlo por completo, el establecimiento hará la excepción al permitir que éste acuda libremente a sus clases.

De ninguna manera, el estudiante concurrirá sin el uniforme solo por el hecho de no querer utilizarlo o con el pelo largo -en el caso de los hombres- o barba, porque así se siente a gusto.

Hay reglamentos que están consensuados y en cuya elaboración han participado estudiantes, padres y apoderados, dijo, por lo tanto hay que respetarlos pero con cierta flexibilidad, aplicando la Ley de la Inclusión.

En el caso es que un estudiante determine que ha sido discriminado en mayor o menor grado, o que se establezca que existe un reglamento o una ley que va en contra de lo que dice la Constitución, los padres o apoderados pueden pedir un recurso de inaplicabilidad constitucional ante un tribunal de alzada.

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