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Gobierno argentino busca revertir fallo que permite a Chile impugnar asilo de Apablaza

ARCHIVO | Agencia UNO
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Tanto el gobierno argentino como la defensa del ex frentista Sergio Galvarino Apablaza apelaron a la determinación del juez federal bonaerense Ernesto Marinelli de acoger los argumentos del Estado chileno para impugnar la condición de refugiado político de uno de los sospechosos del asesinato del senador de la UDI, Jaime Guzmán en 1991.

Ambas partes, tienen cuatro días más para fundar sus acciones ante la justicia trasandina, luego de que hace 10 días el Juzgado Contencioso Número 1 de Buenos Aires acogiera los argumentos del Estado chileno para apelar a la condición de Apablaza.

El vicepresidente gremialista, Edmundo Eluchans, sostuvo que hubieran esperado que Argentina no tomara esa decisión, agregando que el mandatario Maurcio Macri “no tiene una decisión fácil” en sus manos.

Todo esto en alusión a que la condición de la que goza Apablaza, fue otorgada por la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), división dependiente del Ministerio del Interior argentino.

En Valdivia, el titular de Interior, Jorge Burgos, reiteró la posición del Ejecutivo en el proceso. El jefe de Gabinete afirmó “que no ha cambiado en nada” la postura de La Moneda y que se insistirá en la extradición. “Me gustaría que apenas se pueda, de acuerdo a las normativas jurídicas argentinas, el señor Apablaza (…) pueda enfrentar el proceso en Chile con todas las garantías”, delcaró Burgos.

Ahora, el proceso será revisado por la Cámara de Apelaciones -simil a nuestra Corte de Apelaciones- para estudiar los argumentos presentados por las partes. En caso, de que los fundamentos de la posición chilena sean acogidos, el juez Ernesto Marinelli deberá pasar a revisar el fondo del asunto y estudiar la posible impugnación de condición de “refugiado” del ex frentista.

A pesar de ello, el defensor de Apablaza en Chile, Alberto Espinoza, emplazó a La Moneda a “desistir” de su intervención en la reapertura del proceso de extradición, ya que así el Gobierno sería “consecuente con una política genuina y real de Derechos Humanos”.

En 2010, la Corte Suprema argentina dio luz verde para el proceso de extradición, sin embargo, dejó en manos de la administración de Cristina Fernández la decisión final, la cual a través de la Conare otorgó la condición de “refugiado” a Apablaza, quien reside hace más de 20 años en Argentina.

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