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Renuncia la presidenta del Partido Popular de Madrid por caso de financiamiento ilegal

ARCHIVO | Agencia UNO
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Esperanza Aguirre, presidenta del Partido Popular (PP) de Madrid y figura histórica de la derecha española, dimitió al cargo este domingo debido a una investigación por presunta financiación ilegal dentro del partido.

La gravedad de esas informaciones me lleva a presentar mi dimisión“, declaró Esperanza Aguirre, de 64 años de edad, en una rueda de prensa que convocó para anunciar su renuncia.

La policía española registró el jueves la sede del PP en Madrid, como parte de una investigación sobre presunta financiación ilegal que habría sido detallada en documentos pertenecientes a Francisco Granados, un miembro de la dirección del partido en Madrid, actualmente en prisión.

La investigación se centra según la prensa española en “una etapa, entre 2004 y 2011 en el que (Granados) fue Secretario General del PP de Madrid, porque yo le propuse”, declaró el domingo Aguirre, quien dijo asumir su “responsabilidad política”.

Aguirre compareció el viernes ante una comisión parlamentaria de investigación sobre corrupción, que quería interrogarla sobre malversaciones cometidas cuando dirigía la región de Madrid (2003-2012), imputadas a algunos de sus colaboradores.

Ex ministra de Educación, ex presidenta del Senado y peso pesado del PP, Aguirre aseguró haber supervisado los presupuestos de 17.000 millones de euros anuales de la región, y probablemente haya cometido “errores“, pero dijo que no le constaban las supuestas malversaciones investigadas, atribuidas al departamento informático de la región.

No he cometido ningún delito“, aseguró Aguirre el domingo.

En un país asfixiado por seis años de crisis económica, con un desempleo todavía del 20,9%, crece la intransigencia de la ciudadanía ante la multiplicación de escándalos de corrupción, que afectan a políticos de izquierda y derecha, sindicalistas, banqueros, famosos, e incluso al cuñado y una de las hermanas del rey Felipe VI.

En este contexto, numerosos cargos públicos dimitieron o fueron destituidos a raíz de la ‘Operación Púnica’, algo que era inimaginable hasta hace poco en España.

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