A comienzos de esta semana agrupaciones de ex presos políticos acudieron hasta la Contraloría Regional de Valparaíso para solicitar que se investigue los incumplimientos del Gobierno en la entrega de los bonos ofrecidos
tras la huelga de hambre que protagonizaron en 2015.
En el ente contralor plantearon que aún no se materializa la entrega de bonos de término de conflicto en el contexto del llamado Acuerdo de Rancagua firmado con el Ejecutivo.
El dirigente de la Agrupación de Presos Políticos de Miguel Woodward, Arturo Samit, señaló a Radio Bío Bío que siguen existiendo diferencias en las pensiones derivadas del informe Rettig y de la comisión Valech.
Mientras que este jueves los ex presos políticos junto ex marinos que se declaran antigolpistas llegaron a las dependencias de Contraloría con la finalidad de solicitar una vez más el retiro de la estatua del ex almirante José Toribio Merino, uno de los protagonistas y participantes en la era de dictadura militar.
Recordemos que en 2015, Contraloría rechazó la petición de sacar la estatua, debido a que la figura pertenece a un establecimiento fiscal, y esta situación no se atiene a la ley 17.288, la cual establece la prohibición de homenajes estructurales a personeros que participaron directamente en la violación de DDHH.
Ante eso el presidente de la organización de Marinos Antigolpistas de 1973, Ricardo Tobar reiteró que estatuas de este tipo no debiesen ser parte ni de lugares públicos ni privados, como en el caso de la Armada.
Sin embargo, consideró poco el avance, ya que hasta el momento lo único que se ha conseguido, es cambiar de nombre una calle en Santiago.
Ambas agrupaciones se mostraron confiadas ante el documento entregado por los ex presos político a Contraloría el pasado lunes, y afirmaron que si la entidad considera los puntos tratados, podrían dentro de muy poco pasar la denuncia a tribunales.
