En la Primera Sala de Verano del tribunal de alzada se realizaron los alegatos que pidieron a la justicia mantener los encauzamientos de un grupo de carabineros en retiro, quienes enterraron ilegalmente a las víctimas del caso Laja San Rosendo en septiembre de 1973.
En la vista judicial también se solicitó procesar por complicidad y encubrimiento a dos ex ejecutivos de la CMPC, respecto de quienes se entregaron antecedentes para vincularlos con las violaciones de derechos humanos.
El abogado del Programa de Derechos Humanos, Patricio Robles, se sumó en estas apelaciones a la petición original efectuada por los familiares de las víctimas.
Pedro Jarpa y Roberto Izquierdo habría colaborado con los uniformados inculpados hasta ahora en los hechos y según el abogado Robles están las pruebas para que la Corte dé lugar a los procesamientos por distintos ilícitos.
El abogado querellante y representante de las familias de las víctimas, Adolfo Montiel, saludó el respaldo del Programa de Derechos Humanos a sus peticiones y llamó a la Corte a colaborar en el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura.
De dictar el tribunal de alzada penquista una sentencia favorable a los querellantes, se trataría la primera vinculación de de civiles con crímenes de lesa humanidad en el caso Laja San Rosendo.
Alegó ante los jueces, a favor de la inocencia de Roberto Izquierdo, el abogado Marcelo Torres, quien se excusó de hacer declaraciones.
