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Oposición oficia a Contraloría por “publicidad encubierta” en documental sobre Bachelet

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El diputado de Renovación Nacional Nicolás Monckeberg y el prosecretario de la UDI, Jorge Alessandri, oficiaron este martes a la Contraloría General de la República acusando que la realización de un documental sobre el gobierno de Michelle Bachelet no se ajusta a la legalidad.

Los representantes de la oposición piden que se determine si los 40 millones de pesos provenientes del erario público se gastarán en “publicidad encubierta” de parte del gobierno. Además, cuestionan la procedencia de contratar por trato directo la realización de la pieza audiovisual, “privando la concurrencia de otras ofertas, en directo beneficio de una ex colaboradora de su campaña presidencial”.

Se trata de la cineasta Tatiana Gaviola, quien fue recontratada por La Moneda en julio del año pasado como asesora de la Presidencia, con un sueldo bruto de 3 millones 382 mil 500 pesos, según información oficial emanada desde el Ejecutivo mediante su portal de Transparencia.

En forma inédita se asigna un contrato millonario a quien era una funcionaria de la Presidencia hasta el 31 dic del 2015“, señaló el diputado Monckeberg, agregando que “este contrato es completamente al margen de la ley y no corresponde”.

Por otro lado, el parlamentario aseguró que “el gobierno está faltando a la verdad cuando dicen que buscan resguardar imagines históricas, porque hoy y como ha sido en todos los gobiernos, existe una unidad de memoria historia… esto es algo distinto e inédito”.

Es publicidad encubierta, tienen todo el derecho a hacerlo pero no con fondos públicos”, sentenció Monckeberg.

Burgos cree “injusto” transformar esto en un “hecho político”

Respecto a esta presentación ante Contraloría, el ministro del Interior, Jorge Burgos, apuntó que en esta materia “hay dos tipos de juicio”, los que creen que no corresponde desde el punto de vista político y quienes estiman que puede existir algo ilegal.

“Nosotros creemos que los gobiernos pueden reflejar, desde el punto de vista histórico, patrimonial, de historia, sus labores, no con fines propagandísticos. Y se ha hecho otras veces. Pero es una cuestión opinable”, señaló el secretario de Estado.

Por otro lado, señaló que “si alguien cree que para llegar a la determinación que correspondía hacer el documental, con las características que he señalado, se incumplieron normas propias de la definición de leyes de compras públicas o Ley de Presupuesto, tiene todo el derecho de recurrir a la Contraloría”.

Pero convertir esto en un hecho político, de descalificación, me parece sumamente injusto y no le hace bien al país“, cerró Burgos.

Ayer, el vocero de gobierno subrogante, Osvaldo Soto, descartó que el documental corresponda a una campaña publicitaria y aseguró se trata de “un archivo, un ejercicio de guardar y mantener la memoria de la acción de un gobierno”.

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