Bolivia creará una empresa estatal de transporte terrestre de carga, anunció el viernes el presidente Evo Morales, en medio de una huelga de firmas del rubro, que persiste con esporádicos bloqueos de vías en el país.
“El gobierno nacional va a crear, va a fundar su empresa de transporte pesado, para importaciones y exportaciones”, afirmó el mandatario, durante un acto público en el presidencial Palacio Quemado.
El anuncio del mandatario se produce en medio de una huelga de transportistas privados que reclaman al gobierno un menor pago de imposiciones fiscales, un pedido rechazado por la administración de Morales.
El gobernante indicó que “pequeños grupos intransigentes perjudican las exportaciones e importaciones que afectan al desarrollo económico”, desde el domingo, cuando comenzaron los cortes de vías interdepartamentales e internacionales.
El Ministerio de la Presidencia y dirigentes del transporte pesado habían alcanzado un acuerdo parcial la noche del jueves para encarrilar un proceso de negociación, mientras el despacho de Gobierno aseguró que la huelga de los choferes, con cortes de rutas en departamentos fronterizos con Perú y Chile y otras regiones del país, comenzaban a menguar.
Sin embargo, hasta este viernes persistían esporádicos cortes de ruta en algunos departamentos del país, como Oruro (oeste) y Santa Cruz (este), dos regiones claves para el comercio. Oruro es vital, porque por ahí fluye el comercio hacia los puertos chilenos de Arica e Iquique en el Pacífico y Santa Cruz es la capital económica del país.
“Se tenía que haber firmado un convenio, un acuerdo para tener mesas de trabajo después del carnaval, pero el gobierno quería que se levante primero la medida y eso no es posible, entonces continúa el bloqueo a escala nacional”, afirmó el presidente de la Cámara Boliviana de Transporte Pesado, Fidel Baptista, citado por el portal de noticias del diario El Deber.
La Cámara de Transporte pretende que el Gobierno reconozca como crédito fiscal las facturas ajenas al rubro. El gobierno estima que de acceder a ese pedido, el Estado dejaría de recaudar 1.000 millones de pesos bolivianos (unos 144 millones de dólares) al año.
