La Corte Suprema determinó que sea el Ministerio Público quien investigue las graves lesiones efectuadas contra dos comuneros mapuche durante un operativo de Carabineros el 2015 en Tirúa.

A raíz de los hechos registrados dos causas fueron abiertas; una en la justicia civil y otra en la castrense. Con esto, la Fiscalía Militar deberá declararse incompetente y remitir los antecedentes a Cañete.

En enero del 2015, en un operativo de Carabineros por hurto de madera, Gastón Antileo perdió su ojo izquierdo, mientras que Martín Marileo quedó con secuelas en su pierna derecha, tras los disparos de perdigones propiciados por personal policial. La situación fue denunciada ante la justicia por la comunidad Antonio Paillao y el Instituto de Derechos Humanos.

El fiscal de Cañete, Juan Yáñez, pidió en agosto de 2015 la incompetencia de la justicia castrense, solicitud rechazada por el Juzgado Militar de Valdivia. Tras analizar el caso, el máximo tribunal del país acogió la presentación y ordenó a la Fiscalía Militar de Concepción enviar la causa al Ministerio Público en Cañete.

La comunidad Antonio Paillao ha criticado el lento avance de la investigación en la justicia civil, a diferencia de lo que ocurre con los procesos en los cuales los mapuche aparecen como victimarios, como son los de hurto de madera, por el cual Antileo y Marileo serán llevados a juicio próximamente.