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Boric denuncia conflicto de interés en médicos del Hospital de Magallanes

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Una investigación de Contraloría, que encargó el diputado Gabriel Boric, comprobó la falta de probidad y conflicto de interés en la forma de operar de la empresa médica AM Patagonia.

El legislador valoró que los trabajadores de la salud local entregaran valiosos antecedentes del caso, resaltando que “nos explicaron las irregularidades que veían y nos ayudaron a entender el entramado de influencias y compatibilidades de cargo involucrados en la empresa”.

Las irregularidades que hemos detectado dan cuenta de un sistema de salud que en general no funciona bien. Acá el Gobierno tiene que redirigir al sector público los cientos de millones de pesos que desvía, cotidianamente, en todo el país al sector privado, y debe adquirir un compromiso firme por fortalecer la salud pública aumentando las plantas de profesionales y técnicos y trayendo más especialistas, ocupando los quirófanos subutilizados del hospital, y en eso las universidades van a jugar un rol muy importante. Estas son reformas estructurales por el derecho a la salud de los chilenos y en especial de los magallánicos”, indicó el diputado.

Por lo mismo quiere solicitar una reunión con la ministra de Salud, Carmen Castillo, donde estén los parlamentarios de la región y los gremios de la salud, “para que en conjunto busquemos los mecanismos para fortalecer la salud pública de nuestra región”.

Para Boric lo que detectó la Contraloría “no es un accidente y solo un desorden administrativo, porque no es casualidad que una empresa privada como AM Patagonia se instalara en el corazón del hospital regional con oficina propia y utilizando recursos públicos, y tuviera la capacidad de definir las licitaciones, alterar los plazos, subir los montos, más una larga lista de irregularidades”.

“Acá hubo un grupo de médicos que tenían responsabilidades en la dirección del hospital y al mismo tiempo tenían intereses en una empresa que prestaba servicios al hospital y lucraba con recursos públicos. Eso desde nuestro punto de vista es un conflicto de interés que tiene que ser resuelto”, pidió el diputado.

Ahora, las sanciones a los responsables las deberá encontrar la Contraloría General de la República.

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