El ministro en visita para causas por violaciones a derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, condenó a cinco militares en retiro por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de Rigoberto del Carmen Achú Liendo y Absolón del Carmen Wegner Millar.

Los hechos ocurrieron el 13 de septiembre de 1973 en la ciudad de San Felipe.

Se trata del general en retiro Héctor Orozco Sepúlveda y los coroneles, también en retiro, Sergio Jara Arancibia y Pedro Lovera Betancourt. Los tres fueron condenados a penas de 18 años de cárcel en calidad de autores de los homicidios.

Así mismo, el capitán en retiro Raúl Navarro Quintana y el suboficial en retiro Milton Núñez Hidalgo deberán cumplir 8 años de presidio, en calidad de cómplices de los asesinatos

El fallo fue valorado por Alicia Zuñiga, del Comisión de Derechos Humanos de Valparaíso quien además destacó el trabajo del Ministro Arancibia.

Este es uno de los casos emblemáticos de violaciones de los derechos humanos en el Valle del Aconcagua, donde según consta en la causa, entre los meses de septiembre y noviembre de 1973 Rigoberto Achú Liendo jefe de desarrollo social y Absolón Wegner Millar director del área de Salud de San Felipe, fueron detenidos por personal del regimiento Yungay acusados estar vinculados con los partidos socialistas y comunista.

El día 13 de diciembre de 1973 fueron sacados de la cárcel ser trasladados a la Fiscalía Militar. Según consta en el expediente, cuando iban de regreso a la cárcel fueron acribillados por la patrulla que los transportaba, en un lugar cercano a la intersección de calles 5 de Abril con calle Molina de la ciudad de San Felipe.

Lo particular de este caso, es que es uno de los pocos donde se acusa que participaron funcionarios de varias instituciones en un mismo hecho, ya que de acuerdo a los antecedentes, luego del asesinato y después de constituirse un contingente del Regimiento Yungay, Carabineros, los cuerpo fueron llevados al Hospital local mientras la calle fue lavada para borrar los rastros de sangre, por efectivos de Gendarmería.