La primera acampada contra el presidente de Argentina Mauricio Macri, montada hace tres días frente a la sede de gobierno para pedir la liberación de una conocida y polémica líder social, coincidió el viernes con dos marchas de despedidos del sector público.
“Macri pará la mano” y “La marcha de los ñoquis”, fueron los lemas de dos manifestaciones que juntaron un millar de personas en Buenos Aires por los despidos en el sector público.
La marcha fue convocada bajo el término “ñoqui“, como se llama en Argentina a los trabajadores públicos que van sólo a cobrar a fin de mes y no realizan tareas. El gobierno ha justificado con este hecho los despidos.
El día elegido para la marcha coincide este viernes con el último día laboral de enero y también con el día 29, cuando los rioplatenses suelen comer el popular plato italiano.
En honor a esta costumbre y como parte de la protesta, un grupo de desempleados preparó ñoquis en ollas enormes alrededor del emblemático Obelisco, mientras varios participantes se disfrazaron con imágenes de esta comida en base a harina, papa y huevo.
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Mientras se realizaba la manifestación llegaron a Plaza de Mayo activistas alzando carteles en solidaridad con Milagro Sala, detenida hace 15 días en Jujuy, pero también con pancartas “contra el ajustazo de Macri” y los cientos de nuevos despidos que se anunciaron durante la jornada en Presidencia, el ministerio de Cultura y una planta de Fabricaciones Militares.
A pocos metros de la plaza, en el ministerio de Hacienda, el ministro de Energía Juan José Aranguren detalló que el fisco busca ahorrar “4.000 millones de dólares” con eliminación de subsidios que implicará aumentos en febrero de hasta 500% de la electricidad.
“Basta de ajustes, esto es muy violento para nuestros bolsillos”, reclamó Javier Fernández, un ex empleado de informática en una administración estatal que llegó a apoyar el acampe de agrupaciones kirchneristas y otros movimientos de izquierda que anunciaron quedarse en la plaza “hasta que liberen a Milagro Sala“.
Sala, de 51 años, diputada del Parlasur y dirigente de la organización social-barrial Tupac Amarú, con arraigo histórico en la provincia de Jujuy, fue detenida el 16 de enero por realizar una protesta pacífica -con acampe- contra la reestructuración del sistema de ayuda a las cooperativas.
Su arresto fue bajo los cargos de “instigación a cometer el delito de tumulto”. Luego también presentaron denuncias por una millonaria malversación de fondos públicos.
La justicia rechazó el viernes su liberación.
Protestas y despidos en alza
Aministía Internacional ha pedido la liberación de Sala, y junto al centro de defensa de los derechos humanos CELS, considera que la detención es “criminalizar la protesta social”.
Estela de Carlotto, líder de la organización Abuelas de Plaza de Mayo y el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, consideran a Sala “presa política”.
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Esta acusación e incluso comparación con los presos políticos de Venezuela que defiende Macri, ha sido rechazada por el mandatario que respaldó la labor de los jueces que están llevando el caso de Sala en Jujuy, una de las provincias más pobres del país.
Entre las carpas del acampe en Buenos Aires, hay una inmensa tienda de campaña donde pasan durante el día un documental de Sala, mostrando lo que sus detractores califican como “un estado paralelo”, en referencia a la construcción de villas residenciales y centros recreacionales que hizo la organización Tupac Amarú con apoyo político y económico de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015).
El viernes, al campamento urbano de Plaza de Mayo se sumaron abrazos y llantos de unos 120 trabajadores de la Casa Rosada, administrativos o encargados de mantenimiento, a quienes se les anunció su despido o fin de contrato en la puerta de ingreso.
“Hay diferentes casos, desde gente que nunca fue hasta gente que no cumple horarios ni tareas. Cada área de la Secretaría hizo su relevamiento”, dijo una fuente oficial al diario La Nación.
En las afueras de la sede de gobierno algunos afectados afirmaban que eran empleados regulares desde la década de 1990.
Según cifras de varios sindicatos, desde la primera semana de enero no se renovaron contratos o se despidieron entre 12.000 y 20.000 personas en la administración pública.
El gobierno que llegó al poder el 10 de diciembre apoyado por una alianza de centroderecha, Cambiemos, ha dicho que miles de personas fueron contratadas en los últimos años por su “militancia política”.
“No va a haber más ñoquis en Argentina“, dijo a principios de mes el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, cuando anunció la no renovación o despido de 600 trabajadores en el emblemático Centro Cultural Kichner de Buenos Aires.
