Hoy se definirá si se realiza o no, la formalización fijada para el próximo 29 de enero, en contra de 13 personas en el Caso Caval y que incluye a Natalia Compagnon.

Es posible, en caso que se acojan uno -o incluso- los dos requerimientos presentados por las defensas de los acusados, que se suspenda la formalización contra la nuera de la presidenta Michelle Bachelet, y a 12 personas más.

Los cuestionamientos fueron realizados por los abogados que representan a los socios de la empresa Caval, Natalia Compagnon y Mauricio Valero, que piden la inhabilitación del tribunal de primera instancia.

Uno de los requerimientos se presentó directamente en el Tribunal de Garantía de Rancagua para que se inhabilite, ya que el principio de ejecución de los delitos tributarios, que acusa en su última querella el Servicio de Impuestos Internos, estaría en la comuna de Las Condes. El argumento lo repite Valero, pero en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para que se declare competente y reclame el traslado de esta causa a la capital.

Si el tribunal capitalino acepta el requerimiento en la audiencia fijada, se va a generar una contienda de competencia entre los dos tribunales, que sería resuelta por la Corte de Apelaciones de Santiago. Intervinientes en esta causa creen que no se alcanzaría a resolver antes de la imputación de fin de mes.

También hoy pero en el Tribunal Constitucional, se discutirá la solicitud de la defensa del síndico de quiebras, Herman Chadwick, que pide la inconstitucinalidad de la acción judicial en su contra por el delito de ventaja indebida como sínidico. Alega que el ilícito no estaba vigente al momento de la presunta comisión del mismo.

El Fiscal Regional de O’Higgins, Luis Toledo, dijo que se debe resolver primero los requerimientos antes de entrar al fondo de la comunicación de cargos de fin de mes.

También el persecutor se refirió a la posibilidad de citar a la jefa de gabinete de la Presidenta, Ana Lya Uriarte, luego que se conociera la última declaración judicial de Compagnon, a propósito de trabajos realizados para la empresa Caval durante el año 2012 por la ex ministra de Medio Ambiente.

Consultado por la posibilidad que se abriera otra arista judicial al respecto, Toledo restó importancia a este tipo de diligencias.

El abogado querellante de la oposición, Eduardo Riquelme, dijo que ninguno de los recursos que se revisarán mañana impedirá que se le comuniquen cargos los involucrados en el Caso Caval.

Respecto a las diligencias que quedan en esta causa se conoció que se podría ampliar la querella del Consejo de Defensa del Estado, por el delito de cohecho al resto de los imputados.

Riquelme, además pide que el Servicio de Impuestos Internos se querelle contra Gonzalo Vial Concha, quien dijo haber sido engañado para pagar asesorías por mil 200 millones de pesos.