El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió formalizar a dos proveedores del ejército en el caso conocido como Milicogate.
Se trata de Raúl Fuentes Quintanilla y César Fuentes Campusano, representantes legales de las sociedades Katherine y Nicole e Inversiones y Comercio Capellán. Los empresarios, padre e hijo, habrían emitido facturas ideológicamente falsas, causando un perjuicio al Estado que alcanzaría los mil millones.
Los documentos habrían sido solicitados por Claudio González y Miguel Escobar, miembros del Ejército procesados por la Justicia Militar.
El juzgado comunicó además que se presentan nuevos cargos contra el representante de la empresa Frasim, Francisco Huincahue, quien ya había sido formalizado por la emisión de facturas falsas al coronel en retiro Clovis Montero y al cabo Juan Carlos Cruz, también procesados. En su caso, la cifra aumentó a poco más de millones obtenidos ilegalmente.
Su abogado, Mario Valenzuela, dijo que más allá de los nuevos cargos lo importante es que su cliente siempre ha cooperado con la investigación.
Las formalizaciones corresponden a la solicitud de la fisca Ximena Chong tras la querella del Consejo de Defensa del Estado que también incluía a los proveedores Pedro Salinas y Víctor Pinto. En total, el fraude al fisco superaría los mil millones.
La fiscal añadió que existen antecedentes suficientes para determinar la existencia del ilícito.
En la Cámara Baja, la comisión investigadora del caso recibió al Contralor del Ejército, general de brigada, Rodrigo Carrasco, luego de lo cual el diputado y presidente de la instancia, Jaime Pilowsky, dijo que es evidente la falta de controles reales al interior del Ejército para evitar estos actos.
En tanto, el contralor del Ejército, general de brigada, Rodrigo Carrasco, reiteró que su institución tiene la voluntad de entregar toda la información para aclarar los hechos.
