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Policía alemana: Varios refugiados entre los sospechosos por abusos sexuales en Año Nuevo

AFP
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La policía investiga a 31 “sospechosos”, incluidos 18 demandantes de asilo, por las agresiones y robos cometidos contra mujeres durante la Nochevieja en la ciudad alemana de Colonia, afirmó este viernes el gobierno alemán, que se plantea endurecer el régimen de expulsiones.

“De los 31 sospechosos cuyo nombre se conoce, 18 tienen el estatuto de demandantes de asilo”, aseguró un portavoz del ministerio federal del Interior, Tobias Plate, que precisó que se les atribuían sobre todo delitos de robo y agresiones físicas.

Entre los 31 sospechosos identificados, hay nueve argelinos, ocho marroquíes, cuatro sirios, cinco iraníes, un iraquí, un serbio y un estadounidense. También dos alemanes, añadió.

Hay cierta confusión sobre el estado exacto de la investigación: mientras que el ministerio explicaba que se presentaron tres denuncias por agresiones sexuales, pero que quienes las cometieron aún no habían sido identificados, la policía local de Colonia aseguraba haber registrado 121 denuncias por agresiones sexuales y hablaba de 16 sospechosos.

La policía de Colonia anunció este viernes la detención de dos ladrones de 16 y 23 años, originarios de Túnez y Marruecos, presentes durante los incidentes de Nochevieja. Los agentes hallaron vídeos de agresiones sexuales en sus móviles.

Wolfgang Albers, el jefe de la policía de esta ciudad del centro de Alemania, fue suspendido “temporalmente” este viernes tras recibir duras críticas por la actuación de sus agentes, indicaron la agencia alemana DPA y el diario Koelner Stadt-Anzeiger, citando a fuentes de la administración local.

Wolfgang Albers, jefe de la policía alemana | DPA | AFP

Wolfgang Albers, jefe de la policía alemana | DPA | AFP

El debate nacional se centra ahora en la presencia de refugiados en los actos del 31 de diciembre, después de que Alemania acogiera en 2015 un número récord de 1,1 millones de demandantes de asilo.

“Hay que reducir sensiblemente el número [de demandantes de asilo], no podremos acoger cada año a un millón de refugiados”, consideró el viernes el jefe de filas de los diputados del partido socialdemócrata SPD, Thomas Oppermann.

Al igual que otros responsables políticos, George Streiter, uno de los portavoces de la canciller Angela Merkel, instó este viernes a no meter a todos los refugiados en el mismo saco.

“No se trata en primer lugar [de un problema] de refugiados, sino de criminalidad”, afirmó, recordando que los demandantes de asilo sufrieron en sus países y viajaron a Alemania para buscar protección.

Entretanto, los responsables políticos de la CDU (conservadores) y del SPD, que forman la coalición gobernante, intentan enviar un mensaje de firmeza sobre las normas de convivencia en Alemania, mientras cobra importancia el debate sobre la necesidad de establecer procedimientos de expulsión más rápidos y eficaces.

“Necesitamos más policías, una justicia con más herramientas y leyes más duras para poder, entre otras cosas, expulsar a los extranjeros criminales”, declaró este viernes Volker Kauder, líder del grupo parlamentario de la CDU, al semanario Der Spiegel.

La propia Merkel se mostró el jueves dispuesta a estudiar si Alemania “hizo todo lo necesario en materia de modalidades de expulsión para enviar una señal clara a quienes no quieren respetar” las reglas.

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“Los ciudadanos esperan que quienes no tienen derecho a permanecer [en Alemania] abandonen el país”, insistió Kauder, cuyo partido se reunirá este fin de semana en Maguncia (suroeste), donde tiene previsto adoptar medidas de endurecimiento judicial.

El SPD, que mostraba reservas sobre la necesidad de endurecer las reglas de expulsión, parecía haber cambiado de opinión este viernes. “Tenemos que examinar todas las posibilidades del derecho internacional para poder expulsar a los demandantes de asilo criminales”, declaró su presidente Sigmar Gabriel al diario Bild.

La ley alemana impone una condena de al menos tres años de cárcel para permitir la expulsión de un demandante de asilo durante el examen de su caso, con la condición de que su vida o su salud no corran peligro en su país de origen.

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