No sólo la justicia investigará lo ocurrido ante la mala construcción de más de 500 viviendas sociales del sector Paso Seco en Coronel, las cuales deberán ser demolidas a tres años de su entrega. Una vez que el Serviu ingrese la demanda, también la Contraloría podría indagar las responsabilidades que tendrían funcionarios públicos al no fiscalizar de buena manera la ejecución de los trabajos.
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El diputado de la Democracia Cristiana, Marcelo Chávez, dijo que la decisión de demoler una población completa fue la mejor opción que pudo tomar el Ministerio de Vivienda. Aseguró que llevará el tema a la Contraloría para que indague las responsabilidades que tendrían las autoridades del Serviu en el gobierno de Sebastián Piñera.
Francisco Merino, ex director del Serviu en la administración pasada, indicó que mientras estuvo a la cabeza del organismo, el conjunto habitacional ya estaba en una etapa de post venta, por lo que debieron hacerse cargo de reparaciones que exigieron los vecinos, aún así le causó extrañeza la decisión que tomaron las autoridades.
El alcalde de Coronel, Leonidas Romero, sostuvo que está estudiando junto a a su equipo jurídico la posibilidad de iniciar algún tipo de acción legal en favor de los vecinos, mientras que además se mostró molesto, ya que se enteró a través de Radio Bío Bío de la demolición de las viviendas, situación contraria a lo que había conversado con la ministra Paulina Saball.
Desde el Serviu indicaron que se solicitó una reunión con el alcalde Romero y su equipo para explicarle la situación, pese a ello esto no habría podido realizarse debido a que el jefe comunal estaba con licencia médica, ante ello habrían decidido hablar primero con los vecinos y luego con las autoridades comunales.
