El comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo Arriagada, expuso por segunda vez frente a la Comisión Investigadora por el denominado “Milicogate”, caso que involucra el desfalco de recursos públicos provenientes de la Ley Reservada del Cobre.
Recordemos que los parlamentarios, en la sesión efectuada el 23 de diciembre, realizaron preguntas que no alcanzaron a ser respondidas, por lo que el comandante ahora está explicando las medidas que ha adoptado la institución para evitar que este tipo de situaciones se repita.
El llamado “Milicogate” salió a la luz en febrero de este año, cuando el Servicio de Impuestos Internos cuestionó el uso de facturas por millones. Posteriormente, surgieron nuevos antecedentes que elevaron la cifra del fraude.
Tras la instancia, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, afirmó que junto al general Oviedo tienen la disposición de entregar toda la información a la comisión y a los tribunales, ya que quieren que esta situación se aclare y se apliquen sanciones drásticas a todos los involucrados.
Agregó que lo importante es establecer una “línea diferenciadora”, que la justicia aplique sanciones respecto a lo ocurrido y que se fijen normas para el futuro.
Gómez fue enfático en señalar que cualquier nueva arista que surja será investigada desde la perspectiva administrativa y la entrega de antecedentes para que se llegue a la verdad en la justicia.
Por su parte, el general Humberto Oviedo Arriagada explicó que el Ejército adoptó 14 medidas de un plan de mitigación para este tipo de situaciones e indicó que es una lección aprendida para la institución.
Mientras que el diputado Nicolás Monckeberg, miembro de la comisión, afirmó que quedó demostrado “que no fallaron los controles, sino que sencillamente no había controles al interior del Ejército”.
En este sentido, el comandante en Jefe del Ejército reconoció que actualmente se implementaron instrumentos de control que antes no existían.
El general Humberto Oviedo afirmó que todas las personas que trabajan en instituciones del Estado requieren de cierto nivel de honorabilidad y sostuvo que “duele” que esto no se haya cumplido, ya que “el quebrantamiento de esa honorabilidad” sería la que habría posibilitado esa defraudación.