Por medio de una resolución el Servicio de Impuestos Internos quitó a los departamentos jurídicos regionales del ente recaudador la facultad de decidir la interposición acciones penales por delitos tributarios.
Bajo estos términos, ahora es el director nacional del SII, Fernando Barraza, el que cuenta con la facultad exclusiva de resolver si es necesaria la presentación de denuncias o querellas por declaraciones incompletas o falsas.
Esto se determinó por medio de la resolución 116 del martes 29 de diciembre, según informó La Tercera.
En el documento se recuerda que los jefes de los departamentos jurídicos de regiones podían decidir el inicio de acciones penales a través de la resolución 138 del 29 de octubre de 2008.
La decisión apunta a “asegurar la eficiencia y unidad de criterio en el ejercicio de las acciones derivadas de las infracciones”, centralizando las facultades en el director nacional.
En noviembre, Fernando Barraza señaló a los miembros de la segunda comisión del caso Caval que la entidad que dirige no contaba con “los elementos de juicio necesarios” que permitieran interponer una querella o denuncia por delitos tributarios en lo que respecta al proceso de compra y venta de terrenos en Machalí por parte de la sociedad de Natalia Compagnon, esposa de Sebastián Dávalos Bachelet.
Con la citada resolución, por ejemplo, el Departamento Jurídico del SII en la región de O’Higgins estaría impedido de resolver por su cuenta una eventual acción penal contra la sociedad Caval. Eso sí, en la misma situación de impedimento se encontrarían los restantes departamentos jurídicos del país por los casos que competan a sus unidades territoriales.
