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Corte ratifica sentencia contra 6 funcionarios de PDI por distintos delitos de corrupción

ARCHIVO | David von Blohn | Agencia UNO
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La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó en fallo unánime, la sentencia contra 6 funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que fueron condenados por su responsabilidad en distintos actos de corrupción, cometidos entre el 2000 y 2005.

Se trata de Ricardo Antonio Cari Orellana, quien deberá cumplir 61 días de presidio, accesoria de suspensión del cargo u oficio público por el tiempo que dure la condena y al pago de las costas del juicio, por delitos informáticos.

“Además de 41 días de presidio, accesoria de inhabilitación especial o absoluta para cargos u oficios públicos temporales”, por su responsabilidad “en el delito de cohecho”.

Hermes Gustavo García Arquero deberá cumplir una pena de 41 días de presidio, quien fue condenado en calidad de autor del delito de cohecho cometido en 2005.

Jorge Enrique Cari Gacitúa y Rómulo Alejandro Aitken Hellec deberán pasar 61 días de reclusión, tras ser declarados culpables y ser los autores del delito de soborno.

Patricia Yolanda Castro Arce deberá cumplir 41 días de presidio, en calidad de autora del delito de soborno.

Y por último, Alonso Benjamín Latorre Zúñiga fue condenado a la pena de 61 días de reclusión, en calidad de Autor del delito de soborno.

Rómulo Aitken Hellec, Patricia Castro Arce y Ricardo Cari Orellana se les concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena, quedando sujetos a la observación de Gendarmería de Chile.

La investigación logró acreditar diferentes hechos, como por ejemplo, que uno de los funcionarios ingresó a la base de datos de la PDI para obtener antecedentes e información de personas que tenían “resoluciones judiciales que ordenaban sus aprehensiones, lo que era entregado a los propios requirentes de la información”, por lo que resultaban favorecidos, explica el Poder Judicial.

Además de que una mujer “que por intermedio de un tercero se contactó con un funcionario público, obteniendo de éste -a cambio de prestaciones económicas que ella le entregaba personalmente- información reservada, lo cual le facilitó la comisión de delitos de tráfico de estupefacientes”, entre otras.

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