La Asociación Gremial Metropolitana de Transporte de Pasajeros acusó que el Gobierno entregó una nueva licitación del Transantiago a empresas que no reúnen la condiciones necesarias, ya que acusan que sus dueños estarían involucrados en delitos de estafa y apropiación indebida.
Hace un año y medio la asociación gremial interpuso una demanda por apropiación indebida y estafa contra de Juan Pinto, Jorge Gómez, Miguel Herane, Luis Valdés, Manuel Navarrete, Gabriel Mallia y Luis Barahona, quienes habrían ejecutado una serie de actos ilegales con el fin de desviar el patrimonio de la Asociación para constituir otras nuevas que se adjudicaron la licitación del 50 por ciento del Transantiago.
El presidente de la asociación, Luis Vargas, aseguró estar confiado en que la justicia determine el grado de culpabilidad de los posibles autores, considerando que Gómez y Pinto debieron pagar 10 millones de pesos como fianza hace unos meses.
Además, el dirigente gremial indicó que continuarán con las acciones judiciales, porque el hecho afecta a los usuarios por las malas condiciones y acusó que el Gobierno no actúa, ya que la licitación no contemplo el proceso de adjudicación.
El abogado de la asociación gremial, Héctor Concha, dijo que no se explica cómo el Gobierno, hace dos semanas, le entregó nuevamente la licitación a Gómez y Pinto si sus empresas están quebradas, pero que cambiaron el nombre.
El seremi de transportes en la región metropolitana, Matías Salazar, descartó referirse al tema bajo el argumento que aún no maneja los antecedentes del caso.
