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Chavismo nombra a magistrados del Tribunal Supremo antes de perder mayoría en Parlamento

Agencia AFP
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El Parlamento de Venezuela, aún dominado por el oficialismo, nombró y juramentó este miércoles a los magistrados que conformarán el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en un turbulento cierre de sesiones antes de que la oposición tome el control legislativo a partir del 5 de enero.

El jefe del Parlamento y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, declaró “aprobado por mayoría constitucional” al terminar la sesión extraordinaria. Luego de eso, los diputados de la oposición abandonaron la sala para no estar presentes en la juramentación.

Por segundo día consecutivo, la Asamblea Nacional sesionó de forma extraordinaria con la designación de los 13 magistrados y 21 suplentes como punto central de la agenda, un tema complejo porque la oposición lo estima extemporáneo e irregular por hacerlo con premura en jornadas maratónicas en víspera de Navidad.

La ley establece que los magistrados deben ser nombrados con mayoría de dos tercios, pero habilita la designación en una cuarta sesión con mayoría simple,
la cual tiene actualmente el oficialismo. Dos sesiones se celebraron el martes y la tercera y última este miércoles, todas con apenas minutos de diferencia. Una acción que la oposición tildó de “desesperada” y para los chavistas fue “constitucional”.

El TSJ es clave porque deberá dirimir las disputas que se avecinan entre el gobierno socialista de Nicolás Maduro y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), una coalición de centro que agrupa a la oposición.

“Tenemos un sistema judicial que es más un instrumento político al servicio del Gobierno que un sistema de administración de justicia. Eso hoy se profundiza”, declaró a Agencia AFP el portavoz de la MUD, Jesús Torrealba.

¿Cómo remover a los magistrados del Tribunal Supremo?

De acuerdo a una nota publicada por el medio venezolano El Nacional, los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, sólo pueden ser removidos de sus cargos por faltas graves, la que debe ser calificada por la institución del Poder Ciudadano, que está integrada por el defensor del Pueblo, el fiscal general de la República y el contralor general.

Aunque esta sería la única forma de remover a los magistrados, la Asamblea Nacional podría declarar estas designaciones como ilegales y recurrir a la Sala Constitucional del mismo Tribunal Supremo, para anular los nombramientos.

Otras alternativas para la oposición sería promover una reforma constitucional y realizar una convocatoria del Poder Constituyente.

Por primera vez en 16 años de gobierno socialista, la oposición controlará el Parlamento
y lo hará con una mayoría calificada de dos tercios -112 de 167 escaños- que le permitiría remover funcionarios, buscar una salida anticipada del presidente o aprobar leyes como reformas económicas y una amnistía para presos políticos.

El conflicto político crece en una Venezuela agobiada con la inflación más alta del mundo -200% en 2015 según cálculos privados- y una severa escasez de productos básicos, lo que Maduro atribuye a una “guerra económica” de empresarios de derecha y la oposición al modelo centralista de control de precios y de tipo de cambio.

Tensión en aumento

En este ambiente de crispación, la nueva Asamblea deberá instalarse en 13 días para un periodo de cinco años, pero el TSJ anunció que mientras tanto el actual Parlamento podrá legislar ampliamente de forma extraordinaria.

La oposición teme que en este lapso el oficialismo siga adoptando medidas para -según ella- “socavar” su mayoría legislativa.

Nueve días después de la derrota en los comicios legislativos del 6 de diciembre, que Maduro calificó de un “golpe electoral”, el oficialismo instaló un Parlamento Nacional Comunal, una instancia popular que según analistas busca hacer “contrapeso” a la futura Asamblea.

El 4 de enero, un día antes de la instalación de la nueva legislatura, el parlamento comunal se reunirá para definir su estructura en el Cuartel de la Montaña, donde están los restos de Chávez, fallecido en 2013.

El Parlamento también nombró como Defensora Pública a Susana Barreiros, la jueza que condenó a casi 14 años de cárcel al opositor radical Leopoldo López, y el martes reformó una ley para proteger esa designación al dejar al TSJ la facultad de removerla.

El martes en la tarde, la MUD denunció que el TSJ “insólitamente” abrió oficinas para recibir un recurso del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) contra 22 diputados opositores, lo que calificó de un “intento de golpe judicial”.

Pero en la noche, el máximo tribunal negó haber recibido impugnaciones y calificó esas informaciones de “malsanas”. La MUD afirmó que su denuncia hizo “retroceder” a los chavistas.

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