El 27 de febrero de 2010 ocurrió el terremoto magnitud de 8,8 grados richter, acompañado de un tsunami que afectó a las costas chilenas, lo que generó gran polémica por el proceder que tuvo la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) frente al fenómeno natural, todo esto en el final del primer mandato de Michelle Bachelet.
Ello generó que se instruyera el denominado caso Tsunami, encontrándose imputados Patricio Rosende, Mario Andina, Carmen Fernández, Andrés Enríquez, Johaziel Jammet y Mariano Rojas.
El caso no ha estado exento de polémica, ya que hace pocos días se conoció la renuncia del defensor público Patricio Pérez, lo que provocó la postergación del juicio oral hasta el 14 de marzo del próximo año.
Según consignó El Mercurio en su versión impresa, el abogado no podrá asistir a tribunales durante 10 días, siendo una sanción disciplinaria impuesta el lunes por la jueza Carolina Gajardo por su renuncia al caso.
Recordemos que el profesional representaba a Jammet, ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, quien se encuentra imputado por cuasidelito de homicidio simple debido a la alerta fallida ejercida en el 27F.
“La renuncia de la defensa provocó que el imputado no se encontrara en condiciones de enfrentar un adecuado procedimiento, viéndose conculcado su derecho a ser juzgado en un plazo razonable y justo”, expresó Gajardo al matutino.
El medio nacional sostuvo que Pérez explicó que su decisión fue consensuada con su cliente Jammet y que deseaba seguir trabajando con la Defensoría Penal Pública porque “no podía asumir lo que se viene”, dijo.
Además, según precisó el periódico, Pérez contó con el apoyo de Luciano Fouillioux, representante de la ex directora de la Onemi Carmen Fernández, y Paula Vial, representante del ex capitán del SHOA, Andrés Enríquez.
A pesar de ello, la magistrada precisó que en este caso ha sido conocida la dilación y aseveró que la sanción aún es apelable.
