El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, anunció que el Ministerio del Interior –por medio del Consejo de Defensa del Estado- interpondrá una acción civil en contra los padres o tutores de los menores de edad que participaron en una persecución policial por la Ruta 68.

La persecución terminó con cinco vehículos dañados, tres de ellos de Carabineros.

Esta “acción delictual y temeraria de estos menores culminó con la pérdida total de tres vehículos policiales, que son claves para la prevención de los delitos. Creemos que alguien tiene que pagar”, señaló Aleuy y anunció que “he pedido un informe para ver la posibilidad de interponer una acción civil, no en contra los menores responsables, sino contra sus padres”.

La autoridad argumentó que “si bien la ley califica a los menores de edad como inimputables penalmente, queremos establecer un precedente respecto a la responsabilidad de sus padres, no desde el punto de vista penal, sino desde los costos que afectan al Estado por estas acciones irresponsables.Como sociedad, no podemos tolerar que menores de 13, 15 y 17 años participen en este tipo de ilícitos, y que además, por culpa de su acción, se haya puesto en peligro la vida de muchas personas”.

Recordar que la madrugada de este jueves 17 de diciembre, funcionarios policiales persiguieron un vehículo por encargo de robo, que minutos antes había participado en un robo en contra un transeúnte. Al ser detectado por Carabineros se inició una persecución por la Ruta 68, que se extendió hasta el cruce que dirige hacia Algarrobo.

Tras el accidente, 6 funcionarios policiales registraron lesiones de diversa consideración, mientras que los cuatro menores de edad quedaron en libertad tras pasar a control de detención durante la mañana.

Pese a que aún la SIAT de Carabineros realiza las pericias para determinar exactamente lo ocurrido y el daño de los vehículos particulares y policiales, el costo de los dos furgones y un vehículo de Carabineros, asciende a 70 millones de pesos.