El pasado 23 de octubre el fiscal Sabas Chahuán solicitó el desafuero de Jaime Orpis en el marco de la investigación del financiamiento de Corpesca a su campaña política. Por ello se indaga el presunto desvío de dineros otorgados para asignaciones parlamentarias, equivalente a $71.310.688.
Si Orpis es desaforado, deberá ser suspendido de sus funciones como senador y puede quedar a disposición de la justicia, según dicta el artículo 58 de la Constitución.
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La tarde de ayer el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, pidió ampliar el desafuero del senador Jaime Orpis, solicitud ingresada en la secretaría criminal de la Corte de Apelaciones de Santiago, tras la aparición de nuevos antecedentes.
En el escrito se incluyen pruebas que ha encontrado el Ministerio Público respecto al delito de fraude al fisco que se le atribuye al parlamentario de la UDI.
Según informó El Mercurio, ahora el Fiscal Nacional pidió a la Corte de Apelaciones que cuando revise la solicitud de desafuero de Orpis considere además de la suma ya conocida otros $79.693.032, lo que haría un total de $151.003.720.
La indagatoria sostiene que Orpis se apropió de estos millones de pesos tras pedirle a cercanos que simularan asesorías inexistentes.
Los nuevos antecedentes que maneja fiscalía se relacionan con la supuesta contratación fraudulenta de Lorena Saldías y los abogados Javier Jara y Mario Antonio Candia. Según el escrito, de las 41 boletas ideológicamente falsas hay tanto asignaciones de Orpis como asesorías inexistentes al Comité de Senadores UDI.
