Una serie de reuniones y negociaciones han sostenido en el Gobierno a la espera de la redacción del fallo del Tribunal Constitucional respecto de los argumentos jurídicos que permitieron objetar los criterios de la gratuidad para la educación superior.
Ante las duras críticas que surgieron desde los rectores de las universidades estatales y también parlamentarios de la Nueva Mayoría por el criterio de cuatro años de acreditación de la ley corta que deja fuera de la gratuidad a tres planteles del Estado, la presidenta Michelle Bachelet salió a tranquilizar los ánimos y afirmó que aún no hay un mecanismo definido para reponer el beneficio hasta que no sean notificados del fallo del TC.
“Nosotros no podemos decir cómo lo vamos a hacer hasta que no tengamos el resultado del fallo, pero tenemos distintos escenarios trabajados. Así que cualquiera que diga antes [...] de conocer el fallo cualquier solución, la verdad es que está especulando“.
Misma prudencia expresó el rector de la Universidad Tecnológica Metropolitana -UTEM-, Luis Pinto, quien evitó emitir un juicio de valor mientras no se conozca oficialmente la medida que adoptará el Ejecutivo.
“No quisiera anticipar ningún criterio en este momento, puesto que todavía no tenemos definida la propuesta del Gobierno. Entonces, anticipar observaciones no me parece prudente. Por supuesto, de ser así las cosas como están trascendiendo, nosotros nos oponemos total y absolutamente a lo que se está planteando de las tres universidades del Estado”.
Sin embargo, la jugada que realizaron los ministros de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, y de Hacienda, Rodrigo Valdés, de enviar una ley corta para zanjar el problema y del cual se excluyó a la ministra de Educación, Adriana Delpiano, dio cuenta de quienes llevan adelante la negociación.
Pese a esto el ministro del Interior, Jorge Burgos, descartó pugnas entre los secretarios de Estado.
“¿Pugnas entre ministros de Estado? No ha habido, y no hemos estado en pugna, riña, discusión, sino que hemos estado trabajando por salvar los efectos de un fallo que hemos dicho que no nos gustó. Hay temas de conversación relativos a un eventual trámite legislativo de una ley de discusión inmediata [...] No hay protagonismo, hay personas que tienen más facilidad, más rapidez para hablar con la prensa”, afirmó Burgos.
Así también lo expresó la ministra Adriana Delpiano, quien reiteró que se sigue trabajando para no dejar afuera de la gratuidad a ninguna universidad del Estado: “Este es un proyecto que se lleva en equipo, aquí el equipo político ha tenido un papel preponderante porque, además, es una glosa que es del Ministerio de Hacienda, básicamente”.
Agregó que en el Gobierno “vamos a hacer todo lo humanamente posible por que todas las universidades del Estado se traten por igual”.
Luego de participar en una actividad en La Moneda donde se encontraba además el rector de la Universidad de Chile y presidente del Consorcio de las Universidades del Estado, Ennio Vivaldi, la ministra Delpiano lo buscó para conversar por el escenario de incertidumbre que ha generado el fallo del TC.
En paralelo, la mesa ejecutiva del Cuech analiza la situación de las tres estatales que eventualmente quedarían fuera con esta ley corta y la posición que adoptarán en el caso que se materialice esta situación.
A esto se suma una inédita reunión del citado organismo con la Confech programada para la tarde de este jueves.
